El pasado 25 de septiembre de 2024, el Consejo de Ministros, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, aprobó el Anteproyecto de ley de restablecimiento de la Comisión Nacional de Energía (CNE), que permitirá reforzar la capacidad institucional del regulador en un momento clave para la transición energética, respondiendo a las crecientes necesidades de especialización y eficacia derivadas del nuevo paradigma energético y regulatorio.

Según Jesús Estrada, socio de GTA Villamagna Abogados, "el restablecimiento de la Comisión Nacional de Energía es una oportunidad para reforzar la independencia y autonomía técnica y funcional que, desde una perspectiva jurídica, tiene especial relevancia ya que no solo tendrá competencias de supervisión y control sobre los mercados, sino que ostentará competencias de inspección, sanción, arbitraje y atención a los consumidores, lo que plantea retos significativos".

En efecto, uno de los puntos clave que debe garantizarse en esta ley es la autonomía e independencia de la CNE, aspecto esencial para mantener la transparencia y la justicia en la toma de decisiones, así como el prestigio de la misma que refuerce su posición. Es deseable que la ley contemple mecanismos que aseguren que sus miembros sean seleccionados de manera imparcial y basados en su competencia profesional y experiencia técnica. "La autonomía e independencia no solo promoverá una mayor confianza entre los mercados y sectores económicos y productivos involucrados, sino que contribuirá a una mejora de la competencia en el mercado, dejando a la administración las orientaciones de política energética, de tal manera que cada actor desarrolle sus propias competencias ", matiza Jesús Estrada.

El acceso a la energía y la protección de los consumidores debe ser uno de los principios rectores de la Comisión. La legislación debería incluir medidas que alcancen un elevado nivel de protección a los usuarios finales tanto a nivel de suministro, gestiones y precios. Es primordial asegurar un equilibrio entre los intereses de los consumidores y los de las empresas, velando especialmente por contribuir a la protección de aquellos clientes considerados como vulnerables.

La descarbonización de la economía y el fomento de energías renovables es uno de los mayores desafíos actuales, que debe estar en el centro de cualquier reforma o creación de entidades reguladoras de energía, con al finalidad de que contribuyan al correcto desarrollo del proceso que permita alcanzar dichos objetivos.

La regulación de la libre competencia es otro aspecto fundamental, pues la creación de esta Comisión debería incentivar la transparencia, la eficiencia y el correcto funcionamiento de los mercados, sectores y agentes participantes en todos sus niveles, particularmente en el ámbito de las energías renovables. Para el socio de GTA Villamagna, "es fundamental fijar señales transparentes que permitan dar seguridad a la inversión en el sector y fomentar un entorno de competencia justa ".

Por lo que respecta a la capacidad sancionadora, esta debe ser transparente y eficiente, contando con recursos adecuados y ágiles para todos los participantes. Igualmente, los mecanismos de supervisión deben ser estrictos pero prácticos y eficientes de forma que se eviten burocracias innecesarias que desincentiven la inversión y la innovación en el sector energético a todos los niveles.

"El éxito de esta Comisión dependerá de que la ley que la respalde le otorgue un verdadero carácter regulador diferenciado y especializado, que le permita alcanzar de forma eficiente la transparencia, competencia y eficiencia de los mercados energéticos ", concluye Jesús Estrada