Ocio nocturno, conciertos, restauración, hospitales, residencias, aeropuertos… cada comunidad autónoma exige (o no) el “Pasaporte Covid” para diferentes escenarios. Ahora que los repuntes del virus van en aumento, que ha llegado el frío y que se aproxima la Navidad, muchas han decidido endurecer medidas y todo apunta a que el caos jurídico autonómico volverá por la disparidad de criterios de cada uno de los Tribunales Superiores de Justicia.

Mientras que Galicia, Baleares y Cataluña ya lo usan para el acceso a hospitales u ocio nocturno, Navarra y La Rioja están a la espera y Valencia estudia implantarlo para el puente de diciembre, este lunes el TSJ del País Vasco decidió no avalar la decisión del Gobierno autonómico de exigirlo para acceder a locales de ocio y hostelería. Y el de Aragón está a la espera de las alegaciones de Ejecutivo y Fiscalía para tomar su decisión. En definitiva, un escenario que ya hemos vivido anteriormente.

Como ocurrió el pasado verano, los Tribunales que han refrendado la utilización del documento que demuestra la vacunación basan su decisión en que “lo primordial es proteger el derecho a la vida y a la salud”, señala Antonio Benítez Ostos, socio director de Administrativando Abogados. Sin embargo, para el TSJ del País Vasco, esta medida “no resulta proporcionada, idónea ni tampoco necesaria, y señala que ‘el fin no justifica los medios cuando se trata de un Estado de Derecho’”, aunque recuerda que ni siquiera esta decisión ha sido unánime y ha contado con un voto particular.

“Nos encontramos, desde los inicios de la pandemia, en un marco jurídico complejo al que nos hemos tenido que enfrentar de manera sorpresiva, y nos ha llevado a esta disparidad de criterios jurídicos que se están dando y que, probablemente, continuarán” aventura Benítez. Lejos de arreglarse, “existen importantes lagunas legales que, inexplicablemente, no han sido solventadas. Persistimos en la misma parquedad e insuficiencia normativa que al inicio”, denuncia. Para solucionarlo, insiste en la necesidad de “unificar las diferencias jurídicas para alcanzar un criterio común y establecer medidas igualitarias”.

Los continuos repuntes de la pandemia hacen fundamental “que exista una estrategia nacional que implante medidas, criterios, protocolos y planes de actuación que de amparo jurídico a todas las comunidades autónomas”, algo que, siendo una cuestión de Estado, “corresponde a este último adoptar”, incide Antonio Benítez. Estos criterios deben tener en cuenta la situación pandémica desigual por territorios y permitir “que se apliquen de manera proporcional, ponderada, e inteligente, según la necesidad en cada región”.

De lo contrario, se genera “una desigualdad y discriminación entre ciudadanos del mismo país” y “nos podemos encontrar con un escenario de contradicciones judiciales que se prologarían hasta llegar a una solución central, con un pronunciamiento del Tribunal Supremo o Tribunal Constitucional”, concluye.