La reciente convocatoria de oposiciones docentes en Andalucía, publicada el pasado 25 de febrero, ha generado un notable aumento en la preocupación e inquietud entre miles de docentes interinos. Esta convocatoria ofrece un total de 7.808 plazas distribuidas en 33 especialidades diferentes, de las cuales 4.401 corresponden al cuerpo de maestros y 3.276 al de profesores de Enseñanza Secundaria. La estabilidad laboral de este colectivo vuelve a situarse en el centro del debate tras conocerse sentencias judiciales recientes que reconocen importantes indemnizaciones por abusos de temporalidad.

Marta Miranda, Directora de la sede en Granada de Unive Abogados, explica que este incremento de consultas y movimientos responde a una realidad concreta: "La convocatoria de oposiciones no solo implica una oportunidad para acceder a la función pública de forma definitiva, sino que también plantea escenarios delicados para aquellos docentes que llevan años encadenando contratos temporales. Muchos docentes temen perder sus puestos tras años de dedicación y trabajo en condiciones de interinidad."

La Directora destaca además el impacto de recientes fallos judiciales, como la sentencia del Juzgado de lo Social Nº14 de Sevilla, que otorgó una indemnización superior a 30.000 euros a una empleada pública tras considerar abusiva su situación de temporalidad prolongada durante 14 años. "Este tipo de sentencias demuestran claramente que existen vías legales para proteger los derechos de los docentes interinos cesados tras los procesos selectivos", apunta Miranda.

Asimismo, subraya la importancia del marco legal europeo, especialmente la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que establece que las indemnizaciones deben ser proporcionales y disuasorias ante el abuso reiterado de contratos temporales. "Es fundamental que los docentes afectados por la próxima estabilización valoren individualmente su situación, ya que la justicia está cada vez más sensibilizada con este asunto", concluye.

Desde distintos tribunales superiores de justicia españoles, como Madrid, Castilla y León, Cataluña y País Vasco, se han emitido fallos similares, reconociendo derechos indemnizatorios claros para quienes se encuentran en situaciones de abuso de temporalidad laboral.

Ante esta realidad, Miranda recomienda que los docentes interinos evalúen con rapidez su situación, debido a que tras el cese disponen solo de un año para iniciar cualquier reclamación judicial que pudiera corresponderles.