• La abogada Arantxa Goenaga, socia del despacho AF Legis, advierte que con la medida intervencionista aprobada por el gobierno español se retiran muchas viviendas de alquiler para venderlas o destinarlas al mercado turístico.
• “Ya se demostró en el año 2019 que no benefician al mercado inmobiliario”, recuerda Goenaga, quien añade que la obtención del índice no tiene en cuenta la dinámica real de éste, que se regula por la ley de la oferta y la demanda.

El resultado de las pasadas elecciones del 12 de mayo en Catalunya puede afectar directamente al mercado de alquiler de viviendas. La victoria del PSC, aunque sin mayoría absoluta, puede reforzar la aplicación del índice de precios de alquiler en Catalunya, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha publicado estas medidas de contención a nivel español. Prueba de ello es que ayer ya no se ratificó en el Parlament de Cataluña el Decreto que publicaron el pasado 24 de abril sobre los contratos de temporada y el alquiler de habitaciones, que vuelve a quedar sin regulación.

La abogada Arantxa Goenaga, socia del despacho AF Legis, se pronuncia en contra estas medidas intervencionistas porque las considera perjudiciales para el sector inmobiliario y para los propietarios: “Perjudican al mercado inmobiliario, tensionándolo más porque muchos propietarios retiran sus viviendas del alquiler para venderlas o destinarlas al mercado turístico”.

Según Goenaga, estas medidas, promovidas bajo el pretexto de garantizar una vivienda digna para todos los ciudadanos, son en realidad populistas y desplazan la responsabilidad del Estado hacia los propietarios, además de ser inefectivas. "Ya se demostró en el año 2019 que no benefician al mercado inmobiliario, todo lo contrario, lo perjudican", señala la abogada.

La obtención del índice de precios del alquiler, utilizado como base para estas medidas, también ha sido cuestionada por Goenaga. Aunque el Ministerio ha afirmado utilizar un criterio científico, la abogada argumenta que este enfoque no tiene en cuenta la dinámica real del mercado, que se regula por la ley de la oferta y la demanda. Según ella, con la publicación de la Ley por el Derecho a la Vivienda “alteraron la oferta, dado que muchos propietarios dejaron de alquilar”.

En este sentido, la abogada propone “no afectar al mercado, sino ayudarlo”, favoreciendo tanto a las familias que puedan acceder a una vivienda como a los propietarios para que no tengan que esperar más de un año para desalojar a los inquilinos que ya no pagan la renta.

Impacto en el precio

En cuanto al impacto real en los precios del alquiler, Goenaga advierte que estas medidas ponen límites en los que tiene que establecerse la renta, por lo que se deberán respetar. Aunque recuerda que en aquellas zonas que no sean declaradas tensionadas puede ser orientativo, pero nunca obligatorio, de manera que seguirá regulándose por el propio mercado.

Ante este panorama, Goenaga aboga por una regulación homogénea o un pacto de estado para que todas las administraciones se dirigieran en una misma dirección y no se generen “las distorsiones actuales” debidas al choque de competencias entre ellas.