Madrid, 17 mar (EFE).- La larga batalla legislativa para regular la eutanasia en España acabó el 18 de marzo de 2021 con la aprobación de la ley, pero ha seguido ante los tribunales con la lucha de personas enfermas para poder ejercer su derecho a terminar con su vida, la última Noelia, cuya eutanasia ha avalado este lunes una jueza de Barcelona.

La titular del juzgado de lo contencioso número 12 de Barcelona ha respaldado la eutanasia de Noelia, una joven de 24 años afectada por una paraplejia a cuya muerte asistida había dado luz verde la Generalitat tras el primer juicio celebrado en España por el derecho a una muerte digna.

El padre de la joven, representado por el colectivo ultracatólico Abogados Cristianos, recurrió ante los tribunales y logró paralizar in extremis su muerte asistida cuando ya estaba programada, pero la última sentencia judicial desestima su recurso y avala la eutanasia solicitada por Noelia.

Con la ley ya en vigor desde el 25 de junio de 2021, otra jueza de Barcelona apoyó en noviembre de 2024 la petición de un hombre cuyo padre había recurrido su decisión.

El juzgado adujo que la relación familiar no es suficiente para denegar la muerte asistida y que el padre no está legitimado para oponerse a la determinación de un adulto en plenas facultadas, aunque sea su hijo.

Muy distinta fue la situación planteada en 2022 por el exvigilante de seguridad Eugen Sabau, conocido como el "pistolero de Tarragona", quien tiroteó a tres compañeros y a un mosso d'esquadra.

Pidió la eutanasia y lo autorizó la justicia, pese a la oposición de las víctimas porque aún no había podido ser juzgado. Se le aplicó la muerte asistida en el módulo penitenciario del Consorcio Sanitario de Terrassa, donde permanecía por la lesión medular irreversible que sufrió al ser neutralizado tras atrincherarse.

La Audiencia de Tarragona concluyó que prevalecía su derecho a la "dignidad" frente al de la tutela judicial efectiva de las víctimas, que trataron sin éxito de parar el proceso hasta que se celebrase el juicio.

Uno de los casos judiciales que acaparó portadas y que no llegó a juicio gracias a la entrada en vigor de la ley de eutanasia fue el de Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su esposa, María José Carrasco, enferma terminal de esclerosis múltiple, en 2019.

El Juzgado de lo Penal número 34 de Madrid absolvió a Hernández, después de que la Fiscalía retirase su acusación.

El Ministerio Público, que pedía seis meses de cárcel por cooperación al suicidio, cambió su petición en aplicación retroactiva de la modificación del Código Penal introducida por la ley de la eutanasia. Estimó que Hernández estaba en un supuesto legalmente autorizado.

La ley no evitó que varios pacientes se quitaran la vida sin ayuda médica ni legal a los pocos meses de su aprobación y entrada en vigor ya que una de las quejas más recurrentes ha sido la tardanza en la aplicación de la medida.

Así, el 11 de agosto de 2021 una mujer de 35 años y enferma de ELA fue hallada muerta en un hotel de Oviedo junto a un bote de medicamentos, un vídeo y una carta donde exculpaba a dos amigos de su suicidio asistido.

El 23 de septiembre de ese año, una mujer que había solicitado la eutanasia el 7 de julio se suicida en un hotel de Madrid. Tenía casi 60 años y padecía una enfermedad osteomuscular incurable, además de un cáncer de vejiga.

Dos semanas después, el 6 de noviembre, una mujer de 83 años se suicida en Zaragoza después de cuatro meses pidiendo la eutanasia. Arrastraba una luxación de cadera congénita que, con los años, había ido sumándose a un grave deterioro de sus condiciones físicas sin posibilidad de mejora; permanecía postrada en cama, encerrada en un piso sin ascensor y con dolores constantes.