El informe, que da continuidad a los elaborados en 2015 y 2016, indica que esta notable disminución ha estado condicionada por la prolongación del periodo del Gobierno en funciones, desde diciembre de 2015 hasta noviembre del año pasado.

 Además destaca que, entre 1970 y 2016, se han aprobado un total de 41.336 normas estatales por lo que las empresas se encuentran con un nivel de regulación muy elevado que genera un marco normativo denso y complejo. Con ello se producen distorsiones en el mercado y un alto nivel de cargas administrativas.

Por lo que respecta a las páginas del BOE, el pasado año se editaron 171.905 páginas, que significan una reducción del 2,6% respecto de las 176.497 publicadas en 2015. Por lo que se refiere a las normas con rango de Ley aprobadas por las comunidades autónomas, y recogidas en el propio BOE, ascendieron a 245 en 2016, con lo que se produjo un descenso del 19,4% sobre las normas adoptadas en 2015.

El volumen de páginas publicadas por las comunidades autónomas en sus respectivos boletines oficiales fue de 723.915 páginas el pasado año, con lo que disminuyó en un 7,8% respecto a las páginas editadas en 2015. En conjunto, las páginas publicadas por los boletines oficiales de ámbito estatal y autonómico ascendieron a 895.820 páginas el pasado año.

Propuestas empresariales

El informe añade una serie de propuestas concretas de mejora legislativa, entre las que pueden señalarse: solicitar que el INE recabe los datos sobre empresas que ya tiene de forma directa, en lugar de volver imponer la obligación a las empresas, lo que causa perdida de tiempo y dinero, además de poder incurrir en que las sancionen. Pide también la creación de la carpeta del empresario que facilitaría la tramitación del conjunto de procedimientos entre empresas y administraciones públicas.

Igualmente, los empresarios solicitan la ampliación de la operativa del sistema de remisión electrónica de documentos-red; la tramitación electrónica de las solicitudes de exención del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos y la simplificación del Impuesto de Sociedades.

Además insisten en sustituir el libro de subcontratación por un modelo de libro electrónico; la tramitación electrónica del procedimiento de la inspección de trabajo o simplificar la tramitación de la solicitud y renovación de certificados electrónicos.

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