La reciente visita oficial del Rey Felipe VI a Letonia, Estonia y Lituania, ha generado una considerable polémica debido a la ausencia de acompañamiento ministerial habitual. Este tipo de visitas internacionales, según la tradición y la práctica establecida, generalmente incluye la presencia de altos funcionarios gubernamentales, particularmente de los ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa, para subrayar el respaldo institucional y político del Gobierno español. Sin embargo, en esta ocasión, ni el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ni la ministra de Defensa, Margarita Robles, acompañaron al Rey durante los primeros días de la visita, lo que desencadenó una serie de críticas y cuestiones sobre las implicaciones jurídicas y protocolarias de esta decisión.

El viaje del Rey Felipe VI comenzó con su visita a Letonia y continuó en Estonia y Lituania, durante la cual se esperaba la presencia de algún miembro del Gobierno español. Sin embargo, ninguno de los ministros del gabinete de Pedro Sánchez estuvo presente durante los primeros tres días de la visita. Esta ausencia fue particularmente notable dado el contexto de la visita, que tenía como uno de sus objetivos principales reforzar la unidad de la OTAN y subrayar la contribución de España a la seguridad y defensa colectiva en un momento en que el gasto militar de España es el más bajo entre los aliados de la OTAN.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, finalmente se unió al viaje el 25 de junio, pero solo participó en uno de los ocho actos programados para ese día. Según un comunicado del Ministerio de Defensa, la ministra llegó a Estonia después de la celebración del Consejo de Ministros en Madrid y estuvo presente únicamente durante unas horas para acompañar al Rey en la visita a las tropas españolas desplegadas en la región. Este hecho generó aún más controversia y llevó a un análisis sobre las implicaciones constitucionales y jurídicas de la ausencia de ministros durante actos oficiales del Rey.

Debe tenerse presente que la cuestión del refrendo es fundamental en el análisis de los actos oficiales del Rey en España. De acuerdo con el artículo 56.3 de la Constitución Española, "la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad". Sin embargo, sus actos "estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo". Este artículo establece que los actos del Rey deben ser refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes. En situaciones específicas, como la propuesta y nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución de las Cámaras, el refrendo corresponde al Presidente del Congreso.

El refrendo, por tanto, transfiere la responsabilidad de los actos del Rey a las autoridades que los refrendan, asegurando que el Monarca no es responsable por dichos actos. Esta figura es esencial para mantener la inviolabilidad y la irresponsabilidad del Rey, características centrales de la monarquía parlamentaria española. Los actos del Rey, sin el refrendo correspondiente, carecen de validez jurídica, lo que subraya la importancia de la presencia de altos funcionarios gubernamentales en actos oficiales.

La ausencia inicial de ministros durante la visita del Rey a los países bálticos plantea varias cuestiones jurídicas y constitucionales. En primer lugar, la falta de acompañamiento ministerial podría interpretarse como una ausencia de refrendo para los actos del Rey durante los primeros días de la visita. Esto es particularmente relevante si se considera que algunos de los actos realizados durante el viaje podrían tener implicaciones jurídicas o políticas significativas.

El artículo 64 de la Constitución es claro en cuanto a la necesidad de refrendo para la validez de los actos del Rey. La ausencia de un ministro podría, en teoría, poner en duda la validez de ciertos actos realizados durante la visita, especialmente si estos actos requerían un respaldo formal del Gobierno español. No obstante, es importante destacar que no todos los actos del Rey requieren un refrendo activo en el momento de su realización. Algunos actos pueden ser formalizados posteriormente, aunque esto depende de la naturaleza y la urgencia del acto en cuestión.

En este contexto, la decisión del Gobierno de enviar a la ministra de Defensa, aunque sea por unas horas, podría interpretarse como un esfuerzo para cumplir con la exigencia constitucional de refrendo y asegurar la validez de los actos del Rey. Sin embargo, la limitada participación de la ministra en solo uno de los ocho actos programados deja abierta la cuestión sobre la suficiencia de este refrendo en términos prácticos y simbólicos.

Una de las posibles explicaciones para la decisión del Gobierno podría ser la implementación de un "refrendo telemático" o a distancia, aprovechando las tecnologías modernas para cumplir con los requisitos constitucionales sin la necesidad de presencia física constante. Esta práctica, aunque innovadora, no está explícitamente contemplada en la Constitución y podría requerir una interpretación más flexible de los artículos 56 y 64.

Más allá de la simple ironía, el uso de medios electrónicos para el refrendo plantea varias cuestiones jurídicas. En primer lugar, la validez y autenticidad de los actos refrendados telemáticamente deben estar aseguradas para evitar cualquier disputa legal. Además, es necesario considerar la percepción pública y política de tal práctica, ya que podría ser vista como una disminución del respaldo institucional directo a la figura del Rey y sus actos oficiales.

La situación planteada por la ausencia inicial de ministros durante la visita del Rey a los países bálticos destaca la importancia del refrendo en el sistema constitucional español y sus implicaciones para la validez de los actos del Monarca. Aunque la Constitución establece claramente la necesidad de refrendo para los actos del Rey, la aplicación práctica de esta norma puede variar en función de las circunstancias y la naturaleza de los actos en cuestión.

La decisión del Gobierno de enviar a la ministra de Defensa, aunque sea por un breve periodo, refleja un intento de cumplir con las exigencias constitucionales y evitar cualquier debate sobre la validez de los actos del Rey, algo crucial teniendo en cuenta que el refrendo telemático no existe.

En última instancia, la polémica generada por esta situación subraya la importancia de mantener un equilibrio adecuado entre la tradición y la modernización en el funcionamiento de las instituciones del Estado, asegurando siempre el respeto a los principios constitucionales y la legitimidad de los actos oficiales.