El mercado del alquiler en España lleva sufriendo grandes cambios desde que se produjo la burbuja inmobiliaria por el año 2008 y lo que no cabe duda para el sector es que el acceso a una vivienda en esta modalidad es prioritaria. En 2008 sólo un 12% de los españoles vivía de alquiler, ahora en España, en 2021 lo hace un 15,6% según los últimos datos del Censo de Población y Viviendas publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Este dato es una muestra de la realidad social, económica y cultural. Cada vez es más lejana e irreal la afirmación de que “España es un país de propietarios”.La tendencia arraigada de los ciudadanos españoles a comprar vivienda empezó a invertirse hace dos décadas y este 2023 se sigue afirmando que va al alza. Eurostat ha asegurado recientemente que el cambio de signo está para quedarse. En general, los países europeos han sido tradicionalmente más propietarios que arrendatarios, pero la tendencia en el mercado ha sido muy brusca. Se ha pasado de un 2011 donde un 29,2% declaraba vivir en régimen de alquiler y en 2021 estos alcanzarían el 30,1%.
Desde Finaer, compañía de garantías de alquiler, que trabaja tanto con agencias como propietarios, son conscientes de que “el mercado del alquiler va a seguir consolidándose por dos motivos: por la dificultad que van a seguir teniendo los que quieren comprar, que no van a poder hacerlo, y, por otra parte, porque hay un cambio en el paradigma del ciudadano español, las nuevas generaciones no se plantean comprar una vivienda como un objetivo de vida, sino simplemente como una necesidad, que también puede ser suplida en un momento determinado por el alquiler”.
La inseguridad jurídica, la incertidumbre y la falta de rentabilidad: las amenazas del sector del alquiler
El sector del alquiler ha sufrido en los últimos tres años consecuencias derivadas de la pandemia, del conflicto bélico en Europa y la inflación. Todo ello, sumado a una incertidumbre constante en cuanto a la consecución de la reforma legislativa en torno a la Ley de Vivienda, ha propiciado que el mercado del alquiler haya pasado de ser un mercado residual a ser un mercado alternativo.
El mayor reto del sector para este 2023 y el próximo 2024 será lograr una seguridad jurídica como económica. La Ley de acceso a la Vivienda parece no haber dado respuesta a los problemas que buscaba poner solución. En el afán por buscar la accesibilidad económica mediante el control de los precios, los expertos y los organismos ya han estimado que hasta el 15% de los propietarios de viviendas que estaban dedicadas al alquiler ya han salido de este mercado y están ahora en venta (Agencia Negociadora del Alquiler).
Finaer expone los 3 puntos clave que ve necesarios para devolver la confianza al propietario en el sistema y que sienta tranquilidad y seguridad:
1. Fomentar el parque de vivienda. Cada vez hay menos vivienda en alquiler y cada vez hay más gente buscando alquilar. Debemos incentivar la construcción de forma importante y sostenida de viviendas destinadas al alquiler de larga estancia, pero también las destinadas a residencia estudiantil. En España hay 390 mil estudiantes que se ven obligados a acudir al mercado del alquiler de vivienda habitual por no encontrar cupo en residencias estudiantiles o en los colegios mayores, lo cual resta opción de vivienda para las personas que realmente necesitan una vivienda de larga estancia. Esto se podría resolver devolviendo al parque inmobiliario unas 150 mil viviendas, que ayudaría a bajar la presión sobre el mercado del alquiler.
2. Bonificar fiscalmente a los propietarios que hagan el esfuerzo de alquilar sus inmuebles a precios solidarios o estables. Las reducciones fiscales funcionan siempre como un incentivo y es sabido de sobra en el sector el beneficio que provoca su uso en la oferta y, en cambio, su consecuencia cuando se elimina o penaliza al propietario.
3. Generar seguridad jurídica y eliminar al máximo el riesgo de impago. Es necesario un marco regulatorio claro, conciso y efectivo en el que los derechos de propiedad en cuanto a activos inmobiliarios se vean respetados y protegidos. El tiempo medio de demora para echar a un “okupa” se sitúa actualmente en los 18,1 meses según el Consejo General del Poder Judicial.
“Hay mucha gente que está alquilando cuando podría comprar y no lo hace porque tiene dudas respecto al mercado, o respecto a su situación profesional, no sabe si va a estar o no en el mismo sitio dentro de cinco años. Asimismo, también hay mucho propietario que está cómodo poniendo sus propiedades en alquiler. Lo que está claro es que hay dos puntos clave: debemos cuidar la relación entre la oferta y la demanda para que el ciudadano pueda optar realmente al alquiler. Y, por otro lado, los propietarios deben poder estar tranquilos y sentir que hay seguridad destinando sus viviendas al alquiler a largo plazo en residencial en vez de vender o ponerlo en a corto plazo o en formato de temporada” declara Jesús Pérez Amair, director comercial de Finaer.
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