- Pasados poco más de 10 días desde la entrada en vigor de esta nueva norma, los operadores hoteleros no han tardado en mostrar su desacuerdo ante la gran cantidad de datos personales que se ven obligados a solicitar, y guardar durante tres años, a sus clientes.
- “En el caso de que esta persona efectivamente se niegue a dar esta información, hay un régimen sancionador previsto”, señala Rocío Arce Peñafiel, abogada de Círculo Legal, quien menciona la negativa a acceder a ciertos servicios turísticos como posibles sanciones
La nueva normativa de registro de información de viajeros, que entró en vigor el pasado lunes 2 de diciembre, está generando gran polémica dentro del sector, y es que, tal y como señalan desde el despacho Círculo Legal, se están solicitando grandes cantidades de información a los usuarios y depositando toda responsabilidad sobre las entidades hoteleras.
“Las entidades hoteleras no solo deben remitir los datos al Ministerio del Interior, sino que también están obligadas a custodiar y tratar correctamente esta información durante tres años; obligación que se extiende a todos los alojamientos turísticos, incluyendo campings y agencias de viaje”, explica explica Rocío Arce Peñafiel, abogada de Círculo Legal.
La abogada ha resaltado que la normativa impone una serie de obligaciones significativas a los operadores turísticos. "No solamente se trata de una obligación complicada a la hora de llevarla a cabo", ha manifestado Arce Peñafiel, subrayando que la regulación obliga a las entidades a manejar un cuestionario extenso que incluye datos personales y económicos.
Para la experta, esta normativa genera “controversia” entre las entidades hoteleras, que se sienten avasalladas por la magnitud de las obligaciones impuestas. Arce hace hincapié en que la carga de tratamiento de datos es considerable, especialmente en momentos de alta ocupación. "Supone una carga de tratamiento de datos de un volumen muy amplio", ha afirmado, refiriéndose a la complejidad que supone para los hoteles y otros alojamientos turísticos cumplir con la normativa vigente.
¿Se enfrentan los viajeros a posibles sanciones?
La abogada de Círculo Legal revela que la negativa reiterada por parte del cliente a proporcionar sus datos podría resultar en la imposibilidad de acceder a ciertos servicios turísticos. Esto supone una carga significativa para los operadores turísticos, que deben gestionar un volumen considerable de datos personales y económicos de sus clientes: "en el caso de que esta persona efectivamente se niegue a dar esta información, hay un régimen sancionador previsto".
Arce ha mencionado que las entidades hoteleras deben asegurarse de que el cliente sea consciente de la obligatoriedad de proporcionar sus datos. "Tendrá la entidad hotelera que dejar claro que se le ha requerido esta información para evitar que las sanciones recaigan también sobre el establecimiento en caso de negativa del cliente”, concluye.
