El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado el Decreto de Protección y Control Ambiental industrial con el fin de reforzar y regular el control ambiental de determinadas actividades económicas.
El Decreto crea el registro de Organismos de control ambiental en el Principado, figura que regula en los campos de atmósfera, aguas, residuos, suelos contaminados y ruido. Asimismo, el texto exige que, para poder acceder al registro, estos organismos sean entidades acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), bien como entidades de inspección de acuerdo con la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 o bien como laboratorios de ensayo de acuerdo a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025.
Hasta ahora la acreditación se exigía solo a través de autorizaciones ambientales u otros documentos; ahora, se da un paso más con el fin de aportar más garantías al control ambiental regulando el requisito de la acreditación.
La acreditación, al servicio de las políticas públicas
Cada vez con mayor frecuencia, administraciones públicas de todo el mundo confían en la acreditación como mecanismo para asegurar la confianza del sector público en la seguridad e integridad de actividades que intervienen en sectores clave como, en este caso, la protección y el control ambiental, así como la salud o la ciberseguridad, entre otros; por ello, diferentes órganos administrativos están incluyendo en sus disposiciones el requisito de la acreditación para alcanzar los objetivos de sus políticas públicas.
Más de 170 disposiciones nacionales y autonómicas, así como más de 100 a nivel europeo, incorporan la acreditación como herramienta para garantizar la fiabilidad de los productos y servicios, desarrollar mercados seguros y reforzar la protección de los consumidores. La Administración tiene en ENAC un socio de confianza, al ser la acreditación una herramienta que garantiza la fiabilidad de los productos y servicios y contribuye a reforzar la protección de los consumidores.
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