Con relación a la Oferta de Empleo Pública que contiene el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017, se prevé que suponga al menos, 67.000 plazas en todas las Administraciones Públicas: 19.000, en el Estado; 28.144, en las Comunidades Autónomas y unas 20.000 en la Administración Local.
Con esta convocatoria se reponen al 100% las bajas en los sectores prioritarios de sanidad, educación y justicia, entre otros, a los que se sumarán este año como áreas nuevas la atención al ciudadano en servicios públicos, la prestación directa del servicio de transporte público y la seguridad y emergencias.
Collado también ha subrayado el compromiso alcanzado para emprender un proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal que tiene como objetivo reducir el volumen de personal interino existente en todas las Administraciones Públicas, y que se sitúa entre el 20 y el 30% en estos momentos, según sectores. Sólo en las CCAA, los interinos alcanzan cerca de 300.000, de los que más de 144.000 son personal sanitario (con una tasa de temporalidad del 30%), y 109.000 son docentes, con una tasa del 20%.
El Acuerdo para la mejora del empleo público recogido en el proyecto de Ley supone reducir hasta un máximo de un 90% los interinos existentes en la actualidad en un plazo de tres años (2017-2019), y que la tasa de temporalidad resultante no supere el 8% del total de efectivos de cada ámbito.
Esta medida afectará a los sectores de docencia, sanidad y justicia, así como servicios sociales, policía local, gestión tributaria y recaudación, e inspección y sanción de servicios y actividades.
Una vez aprobada la Ley de Presupuestos, cada una de las Administraciones Públicas desarrollará los procesos selectivos correspondientes, sobre plazas ya ocupadas por personal interino, respetando los principios constitucionales de acceso al Empleo Público.
Como resultado del proceso, se llegaría a una cifra de más de 250.000 empleos públicos estabilizados, que por sectores podrían llegar a suponer casi 100.000 puestos estabilizados en el ámbito de la docencia, casi 130.000 plazas de personal sanitario y más de 8.500 plazas en la Administración de Justicia. A lo que habría que añadir los correspondientes a Entidades locales y CCAA en los otros ámbitos: servicios sociales, Policía Local, gestión tributaria y recaudación, e inspección y sanción de actividades y servicios.
Muface
Por otra parte, la Secretaria de Estado se refirió a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface). "Se van a acometer proyectos tales como la receta electrónica, la historia clínica digital, la provisión de las prestaciones a través de sede electrónica, la agilización del procedimiento de reclamaciones sanitarias, y la accesibilidad a las sedes de las 52 direcciones provinciales", señaló.
Muface atiende a un colectivo total de casi un millón y medio de personas, y tiene por finalidad principal garantizar la prestación sanitaria al colectivo de funcionarios y beneficiarios, el 30% de los cuales forman parte de la Administración General del Estado.
Actualmente se encuentra en vigor el Concierto nacional e internacional para los ejercicios 2016 y 2017, en los que se estableció un incremento de la prima a abonar a las Entidades de un 3,5%. Este año, se procederá a la convocatoria de un nuevo concierto que garantizará las prestaciones en los próximos años, y cuya incidencia presupuestaria recaerá sobre ejercicios posteriores.
Administración digital
Otro de los ejes que plasma el proyecto de Ley es la "efectiva implantación de la administración digital", para lo que se va a continuar con el desarrollo e implantación de servicios comunes de TIC en toda la Administración General del Estado y sus organismos públicos para dotarlos de máxima eficacia, con el mínimo coste posible.
Hoy en día, el 85 % de los trámites que se realizan en la AGE son de carácter electrónico y solo queda un 15 % en papel que va reduciéndose de año en año.
Plan estratégico de Impulso y Transformación
En el ámbito de gobernanza pública, la Secretaría de Estado de Función Pública desarrollará un Plan estratégico de impulso y transformación, con el objetivo de dotar de mayor eficiencia el modelo de gestión pública.
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