Madrid, 23 abr (EFE).- El plan aprobado este martes por el Consejo de Ministros contempla compensaciones económicas para las víctimas de abusos en el ámbito eclesial cuyos casos hayan prescrito o no hayan podido ser juzgados, un colectivo difícil de cuantificar ante la falta de registros.

No hay cifras oficiales sobre el número de víctimas de abusos sexuales en la Iglesia a pesar de la investigación llevada a cabo durante año y medio por el Defensor del Pueblo, que concluyó en un informe presentado el pasado 27 de octubre con testimonios de 487 afectados.

Este informe contenía los resultados de una encuesta según la cual el 1,13 % de los españoles mayores de edad aseguraba haber sufrido abusos en el ámbito religioso y un 0,6 % por parte de un sacerdote o religioso. Si se extrapolan estas cifras, más de 445.000 personas habrían sufrido abusos en el ámbito religioso y casi 236.500 por parte de sacerdotes.

La Iglesia también ha investigado la cuestión; en febrero de 2022 la Conferencia Episcopal (CEE) encargó una auditoría al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo para investigar los casos de abusos a menores y los resultados del mismo se conocieron a finales del año pasado.

Este informe recoge un total de 1.383 denuncias y un mínimo de 2.056 víctimas.

En este trabajo entregado a la CEE, Cremades también propone una serie de indemnizaciones a las víctimas y establece cuantías de entre 6.000 y 100.000 euros, así como la creación de un fondo inicial de 50 millones de euros en el que participara tanto la Conferencia Episcopal como la Conferencia de Religiosos.

El informe proponía una Comisión Independiente de reparación integral para los casos en los que los afectados decidieran no acudir a los tribunales. En estos casos la Comisión fijaría una indemnización en función de una serie de criterios y del tipo de abuso cometido.

Por su parte, la CEE aprobó la creación de una Comisión de arbitraje, prevista en su Plan de Reparación Integral a las Víctimas de abusos en la Iglesia, para estudiar las denuncias presentadas en las oficinas de las diócesis que no tuvieran recorrido en el ámbito judicial, bien porque hubieran prescrito o porque el agresor haya fallecido.

La CEE tiene previsto, asimismo, crear una Comisión de expertos que haga el trabajo de baremación para los casos en los que se reclame una reparación económica.