Barcelona, 3 dic. (EFE).- José Antonio Bosch, asesor jurídico de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), lamenta que la reforma de la ley del aborto de 2022 no impida el acoso a las mujeres ante los centros y pide que se prohíba rezar a menos de 50 metros.

En una entrevista con EFE con motivo de la presentación de la guía jurídica "El aborto en España", que detalla la evolución de la normativa en materia de interrupción del embarazo en España, el abogado recuerda que, un año y medio después de la entrada en vigor de la ley, "a las puertas de las clínicas siguen aposentándose gente rezando o increpando a las mujeres que intentan acceder".

En 2022 en España se modificó la Ley Orgánica de 1995 para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo con hasta penas de prisión.

 Un "radio de seguridad" en las clínicas

Bosch recuerda que tanto él como otros juristas ya advirtieron a las instituciones de que la norma no sería eficaz si no se conseguía que explicitase “un radio de seguridad”, como podría ser un veto de "50 metros desde la puerta de la clínica, en los que no se pueda hacer ningún tipo de publicidad, rezo, ni molestia en contra del aborto".

Para el abogado, es “absurdo” que la policía no disuelva las concentraciones a las puertas de los centros y ha reclamado una zona "objetiva" para que los cuerpos de seguridad puedan actuar con la normativa en la mano, propuesta que afirma que se rechazó porque el Gobierno no la consideraba necesaria si había mecanismos jurídicos.

"Una mujer que va a abortar lo último que quiere es ir a un juzgado o a comisaría a poner una denuncia y decir que la han molestado o increpado", explica Bosch, que añade que "un procedimiento judicial sin la testigo principal, que es la mujer violentada, no tiene ningún recorrido".

El abogado también ha hecho hincapié en la estigmatización del aborto en España y en la falta de protección "por el hecho de ser mujeres" y lo ha comparado con otras situaciones parecidas como sería la protesta en un banco de sangre por parte de grupos de religiosos.

"¿Cómo es posible que en algunos casos les echen, pero cuando es delante de una clínica digan que la actividad es lícita y que no pueden hacer nada porque la ley no lo impide?", insiste Bosch.

Reconoce que la sociedad "ha interiorizado el aborto como una alternativa más, pero los que van a la clínica no es la sociedad en su conjunto, va muy poca gente, pero la suficiente para molestar".

Un derecho público y gratuito

El abogado ha insistido también en la importancia del aborto como derecho y que este esté cubierto por la sanidad pública, ya sea en hospitales públicos o en clínicas privadas, mediante conciertos de la propia comunidad autónoma.

Bosch pone el foco en la gestión de las comunidades a la hora de asignar estos procesos -"hay chicas que han tenido que pasar hasta treinta o cuarenta días para interrumpir el embarazo, no tiene ningún sentido"-, pero asume que al ser una intervención que va a cargo de la sanidad pública "es normal que los tiempos de espera aumenten".

El asesor de ACAI, pese a todo, ha lanzado un mensaje optimista, porque cree que se ha "avanzado" con la ley de salud sexual y reproductiva que se aprobó en 2023, así como el reconocimiento del dolor menstrual como motivo de baja laboral, pero cree que todavía "queda mucho por conseguir" en materia de derechos de la mujer.