El Colegio de Abogados de Madrid ha acogido hoy la presentación del documento del Círculo de Empresarios “La calidad del sistema jurídico como clave del crecimiento económico y del progreso social” en cuya elaboración ha participado un equipo de más de una treintena de profesionales de distintos ámbitos de la Justicia. En él que se propone una serie de recomendaciones para mejorar el funcionamiento y la calidad de nuestro sistema judicial.
En la presentación, han participado el presidente del Círculo, Javier Vega de Seoane, el decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, y la vicepresidenta del Círculo, abogada y copresidenta del Grupo de Trabajo de Seguridad Jurídica, Isabel Dutilh, así como el ex fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, socio de J & A Garrigues, y el ex presidente del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial y socio consultor de Roca Junyent, Pascual Sala.
En la presentación de este Documento Vega de Seoane ha afirmado que “una Justicia más rápida y segura, con criterios claros y comprensibles, con una adecuada coordinación de todas las Administraciones implicadas y en la que se fomenten los medios alternativos de resolución de conflictos, como el arbitraje o la mediación, debe ser un objetivo ineludible para un país que quiere crecer y progresar”.
Por su parte, José María Alonso ha destacado en la clausura del evento que “los abogados somos una potencia en la sociedad civil y generadora de riqueza por lo que nos corresponde un papel fundamental en la consulta pública” de elaboración de las normas.
El decano del Colegio de Abogados de Madrid también ha reclamado “la necesidad y urgencia de aumentar el gasto público del Estado en la Justicia Gratuita. Está mal retribuida y muy por debajo de la media europea”. Ha reconocido que en la Comunidad de Madrid “hemos recuperado los baremos que teníamos en 2012. No es aceptable una retribución miserable”. Sobre el documento presentado hoy, el decano ha destacado que está pensado en beneficio del conjunto de los ciudadanos.
Isabel Dutilh y José María Alonso destacan por su parte en el prólogo que “el mal funcionamiento de la Justicia genera costes que condicionan el crecimiento y el dinamismo económico” y añaden que “las empresas valoran el atractivo de un país como destino de su inversión considerando entre otros factores la eficiencia, calidad e independencia judicial, así como la existencia de una legislación clara y estable”.
Pascual Sala, por su parte, hizo hincapié en el arbitraje “como sistema alternativo al judicial en la resolución de controversias” y en la necesidad de “fomentar su difusión tanto en los arbitrajes domésticos como en los internacionales, partiendo de la base de que España cuenta hoy con una legislación arbitral de las más modernas y completas del mundo”.
Entre las recomendaciones de este Documento se apunta que “las instituciones deben garantizar adecuadamente la seguridad jurídica”, algo que resulta crucial para el buen funcionamiento de la economía”, resultando perturbador “que las leyes, en general, sean de baja calidad técnica”. También se señala que “los poderes públicos con capacidad normativa deben comprometerse a favor de la estabilidad de las normas, evitando cambios sorpresivos que dificultan la planificación de la actividad empresarial”.
Asimismo, se recomienda “aumentar en los Presupuestos Generales del Estado el gasto público dedicado a la Justicia gratuita, que es insuficiente en comparación con la media de la Unión Europea”. También se sugiere “profundizar en la modernización tecnológica de la Justicia, asegurando la máxima interoperabilidad de los sistemas informáticos de los diversos territorios”.
En el campo del Derecho de la competencia “conviene asegurar que los jueces revisen con plenitud las cuestiones fácticas y jurídicas que las empresas plantean en sus recursos frente a las decisiones de las autoridades de defensa de la competencia”. Igualmente, “conviene modificar la ley de Enjuiciamiento Criminal para encomendar al Ministerio Fiscal la investigación de los delitos (en cooperación con la Policía Judicial).
El documento denuncia que “existen casos de clara conculcación del derecho a la presunción de inocencia en la fase de instrucción del proceso penal” y considera que “no es admisible que el contenido de la instrucción se filtre a los medios de comunicación, debiendo aplicarse los mecanismos dirigidos a perseguir eficazmente las filtraciones”. También aboga por que “las normas sobre los plazos mínimos deberían ser escrupulosamente respetadas”.
“En materia concursal –se afirma- conviene dotar de mayor flexibilidad al procedimiento para hacerlo menos costoso y favorecer la continuación de la actividad empresarial”. Se apunta igualmente a la necesidad de “suprimir los privilegios de los que disfrutan los créditos de las Administraciones Públicas, así como la sucesión de deudas con Hacienda y la Seguridad Social al adquirir unidades de negocio”.
Finalmente se apuesta por “fomentar la mediación como modo alternativo de resolución de controversias” y se anima a “extender la cultura del arbitraje y adoptar medidas para la confianza en la institución arbitral”.
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