La decisión de la fiscalía turca de acusar a Taner Kiliç de “pertenencia a una organización terrorista” es una burla de la justicia, y pone de manifiesto el devastador impacto de la represión ejercida por las autoridades turcas tras el fallido intento de golpe de Estado de julio del año pasado., según AI.

 Taner Kiliç es la víctima más reciente de la amplia purga realizada por el gobierno tras ser detenido a primeras horas del martes como sospechoso de estar relacionado con el movimiento Fethullah Gülen, junto con otros 22 abogados con base en Esmirna. En su vista judicial, celebrada hoy en la ciudad del oeste de Turquía, se le acusó de pertenencia a la “Organización Terrorista Fethullah Gülen” y se ordenó su prisión preventiva. Amnistía Internacional pide su libertad inmediata e incondicional.

 

 “Taner Kiliç es un hombre de principios, que defiende con pasión los derechos humanos. Los cargos presentados hoy contra él son totalmente infundados. Muestran lo arbitraria y lo amplia que se ha vuelto la enloquecida búsqueda, por parte del gobierno turco, de sus presuntos enemigos y críticos. Taner Kiliç  debe ser puesto en libertad de inmediato, y los cargos en su contra deben ser retirados”, ha manifestado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

 

“La detención de Taner pone de manifiesto no sólo un desprecio por los derechos humanos, sino un deseo de atacar a quienes los defienden. Pedimos a todas las personas de Turquía y del mundo entero que se preocupan por los derechos humanos que alcen la voz en favor de un valiente activista que ha dedicado su vida y ahora ha sacrificado su libertad por su causa.”

 

 El día 8 de junio, en la vista judicial, se ordenó la prisión preventiva de ocho de los abogados encausados. Uno quedó en libertad bajo fianza. Otros siete fueron llevados al tribunal al mismo tiempo que Taner Kilic, pero seguían a la espera de una decisión sobre sus casos.  Otros seis permanecen bajo custodia policial, según AI.

 

La única alegación presentada por las autoridades que teóricamente vincula a Taner Kiliç con el movimiento Gülen es que se descubrió que, en agosto de 2014, Taner tenía en su teléfono la aplicación Bylock, una aplicación de mensajería segura para telefonía móvil que, según las autoridades, utilizaban los miembros de la “Organización Terrorista Fethullahista”.

 

 No se ha presentado ninguna prueba que sustente esta alegación, y Taner Kiliç niega haber descargado o utilizado jamás Bylock, o haber oído siquiera hablar de ella, hasta que se dio amplia publicidad a su presunto uso en relación con recientes detenciones y procesamientos.

 

“Taner Kiliç no es ni partidario ni seguidor del movimiento Fethullah Gülen, y de hecho ha criticado su papel en Turquía. La única prueba presentada en su contra es la presunta presencia en su teléfono de una plataforma de comunicación segura que, incluso aunque fuera cierta, no demostraría la comisión de un acto delictivo. Taner no debe ser juzgado sobre la base de unas acusaciones tan endebles e inadecuadas”, ha manifestado Salil Shetty.

 

La policía se presentó en la casa de Esmirna de Taner Kiliç, que ha sido miembro de la junta directiva de Amnistía Internacional Turquía durante diversos periodos desde 2002, el martes por la mañana; registró su casa, y luego su oficina. Se dictó una orden de detención contra él y contra otros 22 abogados, en la que se hacía referencia a una investigación sobre presuntos miembros de la “Organización Terrorista Fethullah Gülen”.

 La detención de Taner Kiliç ha generado una amplia condena internacional, por parte, entre otros, del Departamento de Estado de Estados Unidos, la UE, el comisario de Derechos Humanos de Alemania y el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, así como de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.

 

La detención de Taner Kiliç se ha producido en el contexto de una creciente represión de los derechos humanos por parte de las autoridades turcas, tras un fallido intento de golpe de Estado el 15 de julio de 2016. Decenas de miles de empleados del sector público han sido destituidos, y cientos de abogados, periodistas y trabajadores de los medios de comunicación han sido detenidos. Se han cerrado cientos de medios de comunicación y ONG.

 

 El gobierno turco culpa del intento de golpe de Estado a Fethullah Gülen, clérigo radicado en Estados Unidos, y desde entonces ha designado su movimiento como organización terrorista. Esto ha abierto el camino a la detención arbitraria de miles de personas que no tenían ninguna implicación en el intento de golpe de Estado.