El Observatorio Internacional de Abogados en Riesgo (OIAD por su siglas en francés) fue impulsado en mayo del 2015 por el Consejo General de la Abogacía Española, el Conseil National des Barreaux, la Ordre des Avocats de Paris y el Consiglio Nazionale Forense con el objetivo de completar las iniciativas puestas ya en marcha por los abogados y las organizaciones de abogados en todo el mundo para garantizar el derecho a ejercer libremente y con total independencia la profesión, corolario del derecho a la defensa y a la asistencia letrada, y elemento determinante para la efectividad del Estado de derecho.
Honduras es uno de los países en los que los profesionales de la Abogacía sufren un riesgo cierto por ejercer su profesión. El abogado David Israel Díaz Hernández explica en esta entrevista cuál es la situación en ese país.
Pregunta.- ¿Cuándo empezó su lucha como abogado defensor de los Derechos Humanos?
Respuesta.- Empecé en los tiempos en que estudiaba en la Facultad de Derecho, sin embargo a raíz del golpe de estado en 2009 me involucré de forma más directa y organizada, primero con el Colectivo de Abogados contra el golpe de estado y después con varias ONG. A estas últimas, les brindé mi colaboración pro bono, sobre todo en capacitaciones sobre defensoría de DDHH y procuración judicial y personamiento in situ en casos de detenciones masivas e ilegales de ciudadanos y ciudadanas que ejercían su derecho a la protesta en el marco del golpe y post golpe de estado. Posteriormente fui convocado por parte de algunas autoridades del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), especialmente por el ex presidente del mismo, para conformar una Comisión de Seguridad y Protección contra abogados y abogadas en situación de riesgo. Lamentablemente la Comisión fue desintegrada a raíz del cambio de Junta Directiva en el CAH. También formé parte del Consejo Nacional de Protección de DDHH, pero fui convocado solamente un par de veces, no he sido convocado de nuevo, supongo que ya no formo parte del mismo, a pesar de las explicaciones que he remitido mediante correos electrónicos
P.- ¿Cuál es la situación de la abogacía en Honduras y en particular, a qué tipo de amenazas se enfrentan los abogados hondureños en el ejercicio diario de la profesión?
R.- La situación de la abogacía en Honduras es de absoluta precariedad y riesgo, como muchas otras profesiones y oficios debido, sobre todo, a la inseguridad, a la criminalidad, a la impunidad, a la desigualdad, injusticia, falta de respeto y, prácticamente, a la inexistencia de un verdadero Estado de Derecho. Los profesionales del derecho en Honduras nos enfrentamos a dificultades tales como inseguridad jurídica generada desde las mismas instituciones constituidas para edificar el Estado de Derecho en el país, es decir desde las mismas instituciones pertenecientes a los organismos jurisdiccionales. Siguiendo hasta la real amenaza que supone defender a víctimas de violaciones de DDHH por parte de sectores interesados en la explotación de recursos naturales, negocios a gran escala y políticos corruptos. Ahí radica el mayor problema del país en contra del ejercicio de la abogacía: la corrupción, la impunidad y la inseguridad jurídica. Tampoco debemos olvidar que, junto a lo ya expuesto, se encuentra en un lugar privilegiado, como conformando una trilogía inseparable, el crimen organizado, que se ha infiltrado a los más altos niveles en el país.
P.- ¿Cómo ha cambiado la situación de la profesión tras el golpe de Estado que tuvo lugar en junio de 2009?
R.- Ha empeorado. Antes del golpe la situación para los abogados era difícil, por ejemplo corrían riesgo de perder sus vidas si servían como asesores, apoderados o representantes legales de personas dedicadas al crimen organizado y exclusivamente en los casos que sus peligrosos clientes considerasen que los abogados o abogadas habían cometido algún tipo de engaño en contra de sus intereses. Después del golpe de estado, el peligro de perder la vida se extiende principalmente a aquellos que defienden también los derechos humanos y a los defensores de derechos humanos que no son profesionales del derecho, tales como campesinos, estudiantes, maestros, sindicalistas y personas pertenecientes a la oposición. Se ha criminalizado la protesta, se ha parcializado la justicia y los operadores de justicia. Puedo dar otro ejemplo: el estado, a través del gobierno, siempre ha mantenido la tesis de que las movilizaciones de protesta violentan el derecho constitucional de la libertad de movilización de la ciudadanía y, fundamentados en eso, han ejecutado desalojos utilizando la violencia policial y militar en forma desproporcionada contra civiles. En claro y brutal contraste, la autoridad estatal ha concesionado las carreteras del país autorizando el pago de peaje por las más importante vías de acceso interurbanas en el país y la población civil ha invocado la misma normativa constitucional contra el cobro del peaje para hacer valer el derecho a la libertad de movilización que el gobierno ha invocado contra las manifestaciones. Contradictoriamente la policía y el ejército, han desalojado violentamente y arrestado a los manifestantes en contra del peaje, violando los derechos humanos de todo tipo de ciudadanos, hombres, mujeres, sacerdotes y personas de la tercera edad.
P.- ¿Qué apoyos institucionales encuentran los abogados a nivel nacional?
R.- Ninguno, aunque tal vez existan algunos pocos que probablemente desconozco. Se ha pretendido por parte del gobierno que la Ley de Protección a los Defensores de Derechos Humanos es un gran avance, pero como parte que fui del Consejo Nacional de Protección, del cual fui tácitamente excluido, puedo manifestar que los avances que ha habido existen solamente en el papel, es una construcción ideal y utópica, es un maquillaje superficial. Mi más grande crítica es que el Consejo ya estaba constituido cuando asesinaron a Berta Cáceres y nunca nos convocaron ni antes ni después de ese vil acontecimiento. El Consejo no se manifiesta contra la impunidad de ese y otros tantos casos más, aducen que los autores materiales están siendo judicializados, pero no dicen nada respecto a los autores intelectuales del crimen. Eso es lo que siempre sucede en Honduras: nadie es responsable de tantas muertes y cuando hay presión internacional por algún caso emblemático, solamente se arresta a los participantes materiales, pero nunca a quienes se han beneficiado realmente de los ilícitos. Nunca nadie arresta ni judicializa a los autores intelectuales ni a los beneficiados por un crimen de ese tipo. Lo mismo sucede con los casos de corrupción, etc.
P.- ¿Cómo cree que puede contribuir la comunidad internacional para hacer frente a los principales desafíos y amenazas?
R.- Lastimosamente la comunidad internacional, o sus posicionamientos o exigencias de cumplimientos, han incidido muy pobremente, pues las autoridades gubernamentales se limitan a, para el caso, legislar lo que después deviene en simple documentación sin ningún cumplimiento ni vinculación legal. Sirva como triste ejemplo la Ley de Protección a los Defensores de Derechos Humanos o el lamentable posicionamiento del máximo organismo nacional en ejecución de la ley: la negación de la Corte Suprema de Justicia en cumplimentar la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso López Lone y otros. Considero que la comunidad internacional muy bien podría tener mayor compromiso para incidir en la voluntad de los actores políticos sobre quiénes está la responsabilidad de hacer justicia en Honduras y quiero ser más explícito: los organismos internacionales, especialmente los que tienen más incidencia política, como la Unión Europea. Taiwán o Estados Unidos habilitan fondos para ayudar al estado hondureño en muchos sectores, pero no exigen suficiente transparencia en su manejo, no exigen el uso adecuado de ellos en los sectores de justicia y respeto a los DDHH, no exigen resultados visibles. No es un secreto que en Honduras se violentan los DDHH de la población en general y de algunos sectores en particular, y eso es inconcebible e inaceptable. Vivimos en un país en que no se puede disentir, en un país en el que no se puede decir la verdad, en un país en el que no se puede luchar por una causa justa porque todo eso puede ser causa para ser discriminado, amenazado, marginado hasta que alguien se muera de hambre por falta de trabajo digno, perseguido o, incluso, asesinado
P.- ¿Qué tipo de apoyo cree que debería ofrecer el Observatorio Internacional para la Abogacía en Riesgo para que sea útil y efectivo?
R.- Inaugurar una oficina del Observatorio Internacional de Abogados en Honduras; mantener contactos en el país; hacer incidencia de la situación de Honduras a nivel de los propios países en los que se tenga presencia; programar acciones públicas para presionar a las autoridades; presionar a los gobiernos de los países propios para que exijan y demanden acciones concretas y resultados al gobierno hondureño. No solamente actuaciones oficiales, promulgación de leyes y eventos mediáticos, sino la implementación de una verdadera política de protección de los derechos humanos y de los defensores de derechos humanos.
Orlando Díaz el 10/02/2017, h.
El Abogado Díaz resume esa peligrosa realidad de los defensores de Derechos Humanos en Honduras y de aquellos cuya profesión representa una amenaza para los despóticos. Pero, lo más grave de la situación, es el temor del ciudadano común a poder verter sus opiniones y comentarios sobre la situación de país en cuanto a la forma en que los gobernantes lo están dirigiendo; la simple conversación en las oficinas, en el transporte público y hasta en los parques representa una sensación de peligro y amenaza. En las oficinas estatales, es inaceptable un comentario que vaya en contra de la autoridad o el presidente de la república porque representa un inmediato despido. Cierto o no, en Honduras se respira un ambiente de suspicacia y miedo, en lo que tenga que ver con libertad de expresión cuando esta disiente con las voces o mensajes oficialistas.