Bruselas, 5 may (EFE).- Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) pueden tener que indemnizar a ciudadanos por los daños a la salud derivados de una alta contaminación del aire, según las conclusiones de una abogada general del Tribunal de Justicia de la UE publicadas este jueves.

La abogada alemana Juliane Kokott especifica que la finalidad de los valores límite de contaminación del aire en la Unión y de las obligaciones de los países comunitarios en cuanto a la mejora de la calidad del aire es proteger la salud humana y conferir derechos a los particulares.

Aunque las conclusiones no son vinculantes, las sentencias del tribunal tienden a seguir su criterio.

El caso gira en torno a un habitante de París que reclama al Estado francés una indemnización de 21 millones de euros porque, según alega, la creciente contaminación del aire en esa zona ha deteriorado su salud.

El tribunal francés que trata el caso ha preguntado a la corte comunitaria si los particulares pueden reclamar al Estado un resarcimiento por los daños a su salud causados por el incumplimiento de los valores límite de la Unión.

En sus conclusiones, la abogada general Juliane Kokott sostiene que el incumplimiento de los valores límite establecidos en el Derecho de la Unión para proteger la calidad del aire puede fundamentar un derecho de indemnización frente al Estado.

A juicio de la jurista europea, los valores límite establecidos en las directivas de la Unión para los contaminantes en el aire ambiente y las obligaciones de mejora de la calidad del aire tienen por objeto conferir derechos a los particulares. Subraya que la principal finalidad de esas disposiciones es proteger la salud.

Por otra parte, entiende que el número de personas que puede llegar a pedir con éxito una indemnización no es tan elevado como para incluir a prácticamente toda la población y señala que la superación de los valores límite afecta, sobre todo, a grupos de personas determinados que residen o trabajan en zonas particularmente contaminadas.

"Se trata con frecuencia de personas de extracción socio-económica baja", constata.

En cuanto a la existencia de una violación caracterizada de las normas relativas a la protección de la calidad del aire, la abogada general dice que dicho incumplimiento comprende todos los periodos durante los cuales se han superado los valores límite vigentes sin que se dispusiera de un plan de mejora de la calidad del aire que no presentase deficiencias manifiestas.

De acuerdo con la abogada, las dificultades prácticas para el ejercicio de los derechos de resarcimiento tienen que ver con la presentación de pruebas para demostrar una relación de causalidad directa entre la violación de las normas sobre la calidad del aire y los daños a la salud.

El perjudicado debe demostrar que durante un periodo suficientemente prolongado ha permanecido en un entorno en que se hayan superado "de forma caracterizada" los valores límite de calidad del aire que impone la legislación comunitaria.

"La duración de este periodo constituye una cuestión médica que requiere una respuesta científica", asegura, y añade que el afectado debe acreditar un perjuicio que se pueda asociar a la correspondiente contaminación del aire.

Igualmente, el perjudicado debe probar una relación de causalidad directa entre la permanencia en el lugar donde se superó el valor límite de calidad del aire y los perjuicios alegados, para lo cual, "normalmente necesitará informes médicos", indica la abogada.

Recalca que incluso si se demuestra una relación directa entre el incumplimiento de las normas sobre calidad del aire y los daños a la salud, el Estado puede eludir su responsabilidad si demuestra que los valores límite se habrían superado aunque hubiese elaborado a tiempo planes de calidad del aire.