El papel de la abogacía institucional en las reformas legislativas ha centrado los debates en el arranque de la segunda jornada de los X Encuentros en Madrid, evento que reúne en el ICAM a representantes de Colegios de Abogados de todo el mundo.
En la presentación del panel, el diputado Monedero ha recordado que el producto de los letrados es la venta de seguridad jurídica a sus clientes, a los que ofrecen asesoramiento legal en cualquier materia, abriendo así la discusión sobre la actividad de lobby legislativo desde las distintas instituciones que representan a la abogacía.
Victoria Ortega ha explicado que las instituciones representativas de la abogacía están legitimadas para intervenir en la elaboración de las normas porque poseen “un conocimiento directo, cotidiano e intenso de las bondades y carencias de la Administración de Justicia”. Para la presidenta de la Abogacía, “nada del mundo del Derecho es ajeno a la abogacía, y de ahí la importancia de una colaboración directa en proyectos normativos”, si bien el instrumento previsto para la participación en la reforma legislativa de algunas regulaciones sociales es la consulta pública, “cuyo resultado es bastante nulo”.
La presidenta de la Abogacía ha apostado por “definir la actuación de los lobbies”. 
Freitas situaba esta labor dentro de las funciones principales del CCBE, que como órgano consultivo de la Comisión Europea “se ha convertido en una entidad imprescindible dentro de la confección de propuestas legislativas”. De hecho, según ha explicado el vicepresidente de este órgano, hay varias Directivas que han sido “redactadas íntegramente por el Consejo” del CCBE.
En esta misma línea, el mexicano Pérez-Cuéllar ha reconocido “que la abogacía organizada a veces se queda fuera de la elaboración de algunas normas”, debiendo analizar en qué casos la intervención de un jurista que se limite al apartado técnico no es suficiente y convendría contar con la perspectiva de un abogado que haya ejercido. “Al final la ley llegará a nuestras manos y tendremos que trabajar con ellas, si no ha habido consulta previa luego llegan las confrontaciones”, declaró.
Desde el Colegio de Abogados de París, Peyron estaba de acuerdo en que a los abogados “les atañe ser una fuerza propositiva”, poniendo uno de los focos de atención en la problemática del terrorismo, bajo cuya amenaza “los gobiernos parecen querer imponer un estado de emergencia permanente, lo que supone un problema de Estado de derecho y libertad al que los letrados deben oponerse”. Para la decana francesa “es 
inadmisible que se limite el derecho de defensa”, y aunque es competencia de los Colegios velar por que sus colegiados respeten las leyes, “también deben proteger los valores y reglas deontológicas de la abogacía, que son su base”.
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