Ha pasado otro año y seguimos igual. A las abogadas y abogados españoles se nos niega hasta el más elemental derecho a la conciliación: la maternidad/paternidad. El año en que millones de españoles han tenido que conciliar forzosamente su vida laboral con la personal durante varios meses concluye con la negación de una juez de Cáceres de reconocer siquiera de una forma discrecional la inoportunidad de que una abogada embarazada defienda a su cliente en un juicio penal señalado para dos días después de la fecha para la que está previsto el parto.
Sabido es que la Abogacía Española ha reclamado reiteradamente, por activa y por pasiva, un cambio legislativo que clarifique los derechos de los defensores y los equipare a los de cualquier otro trabajador español. Conocido es que no han sido pocos los jueces y tribunales que, de forma voluntaria, han asumido ese criterio y aplicado la lógica de otorgar un derecho que el legislador aún no ha regulado. También que ha habido casos en que algunos compañeros han tenido que litigar para que se reconociese.
¡Qué paradoja y sinsentido es que la propia Justicia se niegue a reconocer lo que todos estamos de acuerdo como justo por el único hecho de que la ley todavía no obliga! Sin embargo, con ser importante que nuestra compañera del Colegio de Cáceres tenga la oportunidad de ser madre y abogada al mismo tiempo (y que su cliente tenga con ello la mejor defensa posible), la rectificación de la jueza cacereña no evitaría la perpetuidad del sinsentido que supone el vacío legal que nos mantiene en la indigencia del derecho laboral. Tan cerca de la Justicia y tan lejos de los derechos más sólidos en una sociedad en la que si algo falta son niños y niñas.
Ante la evidente negación de un derecho tan elemental como necesario y para reiterar el rechazo de la Abogacía Española a que los defensores y sus defendidos sean tratados como ciudadanos de segunda categoría, la Comisión de Igualdad del Consejo General que representa a más de 150.000 abogados vuelve a instar al Gobierno y al conjunto de partidos políticos a legislar en favor del derecho a conciliar de las abogadas y abogados españoles. Tener que esperar un año más para conseguirlo no sólo sería injusto, sino absolutamente inaceptable.
Comisión de Igualdad del Consejo General de la Abogacía Española
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