El documento “1.000 familias cubanas contra el Gobierno cubano” ha sido mostrado por Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, en un acto que ha contado con la participación de Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo, y Blas Jesús Imbroda, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional de la Abogacía Española, en la sede de este Consejo General.
La denuncia es el resultado de más de un año de intenso trabajo realizado por más de diez juristas y tras haber cubierto los dictámenes individuales completos de más de 300 víctimas.
Imbroda manifestó que en este informe describe de forma precisa, rigurosa y desde un punto de vista jurídico intachable las barbaries de la dictadura cubana. “Viola sistemáticamente los derechos humanos, efectúa un férreo control de la población y la priva de los más elementales derechos. El régimen persigue, encarcela y tortura al que disiente, al que pide nada más que la libertad”, ha denunciado.
Por eso, ha mostrado su apoyo a los ciudadanos cubanos y ha recordado que la abogacía estará siempre con los que luchan por la defensa de los derechos humanos. “Para que haya democracia, es imprescindible que haya un Estado de Derecho de verdad, que se rija por los principios esenciales del mismo. Esto es, independencia judicial, derecho de defensa ejercido por profesionales de la abogacía libres y el establecimiento de garantías procesales que permitan un proceso justo”.
Larrondo se refirió a “las detenciones arbitrarias e ilegales, la ausencia de tutela judicial, la inexistencia de la defensa y del principio de contradicción, pruebas testificales ilegítimas, periciales manipuladas al servicio de la acusación, presunción de culpabilidad o discriminación por motivos de pensamiento”, entre algunas de las graves irregularidades.
Y señaló que los expedientes ya incluidos en la denuncia determinaron que “los 1.077 prisioneros políticos que el régimen de Cuba mantiene condenados han sufrido las mismas violaciones procesales y denuncia que el país cuenta con el hacinamiento de presos per cápita más grande del mundo”. Para Larrondo, “todos, sin excepción, deberían ser puestos en libertad con inmediatez”.
Según Charanzová, el documento “saca a la luz las violaciones de derechos humanos que la dictadura comunista cubana perpetúa contra sus propios ciudadanos”. “Desgraciadamente, para muchos de nosotros, que seguimos lo que pasa en Cuba, esto no es sorprendente”, ha puntualizado. Como recoge la denuncia, “se han violado al menos trece derechos humanos”, ha sostenido.
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