La detección de la discapacidad en los autores de hechos delictivos centró la intervención del abogado Ángel Bravo del Valle en las XXIII Jornadas de Servicios de Orientación Penitenciaria, que se celebran en Lugo. El letrado explicó que el 10% de la población reclusa sufre algún tipo de discapacidad y, dentro de este porcentaje, unas 1.600 personas presentan discapacidad psíquica. “La mayor parte de estos penados están en prisión porque su discapacidad no fue detectada en su momento; de ahí la importancia de su detección”, avanzó.

La inauguración de las jornadas, que se celebran los días 4 y 5 en la ciudad gallega, corrió a cargo del presidente del Colegio de Abogados de Lugo, Félix Mondelo; la alcaldesa de la ciudad, Lara Méndez; el presidente de la Diputación Provincial de Lugo, José Tomé Roca y la decana del Colegio de Abogados de Pamplona y presidenta de la subcomisión de derecho penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española, Blanca Ramos Aranaz, que destacó que “es importante buscar alternativas al cumplimiento justo de la pena que sirvan para los cumplir los objetivos de reeducación y resocialización. Hay que garantizar que las personas penadas vean protegidos sus derechos constitucionales”. Por su parte, Mondelo agradeció que las Jornadas se celebren en la capital lucense y destacó la importancia del derecho penitenciario “para que los condenados mantengan sus derechos a pesar de su ingreso en prisión”.

Los encargados de presentar el encuentro también instaron a juristas y ciudadanos a reflexionar sobre los derechos en prisión, “una de las grandes diferencias que separan los regímenes democráticos de los que no lo son”, señaló Tomé. La regidora municipal quiso también aprovechar la ocasión para destacar el “compromiso social” de la abogacía y felicitó al colegio anfitrión por sus 180 años de trayectoria.

Tras la inauguración, comenzaron las mesas redondas. En la dedicada a discapacidad en prisión, Bravo del Valle animó a sus compañeros de profesión a “salir de su zona de confort” y evitar juicios rápidos o conformidades ante cualquier sospecha de que su cliente pueda padecer algún tipo de discapacidad psíquica, una circunstancia ante la que resulta aconsejable solicitar informes psíquicos y forenses en aras de lograr la aplicación de circunstancias eximentes o atenuantes.

El letrado animó también a empatizar con las personas que sufren esta problemática, “ya que si una persona sin discapacidad ya corre el riesgo de no entender el lenguaje jurídico, para una persona que la sufre, todavía resulta más complicado”, señaló. En el transcurso de su intervención, Ángel Bravo del Valle compartió con los asistentes su experiencia personal con un sector de la población reclusa con necesidades especiales, para el que solicitó atención desde todos los ámbitos, tanto penitenciario, como penal o sanitario. “Las personas con discapacidad intelectual tienen cerebro y tenemos que intentar que no pasen desapercibidas y que sus derechos se cumplan”, zanjó.

La exposición sobre personas con discapacidad en prisión estuvo precedida por la ponencia organizada bajo el lema ‘Protocolo de ingreso directo en el CIS”, que contó con la aportación de las letradas Lourdes Barón Jaqués y María Luisa Díaz Quintero, así como de las representantes del Centro de Inserción Social de A Coruña Beatriz Alonso Espiñeira y Gracia Arias González. La mesa redonda, moderada por el vicedecano del Colegio de Abogados de Lugo, Óscar Núñez Torrón, abordó los contenidos y la aplicación práctica de la Instrucción 6/2020, sobre protocolo de ingreso directo en medio abierto. Los ponentes instruyeron a los asistentes en materia normativa, como requisitos de concesión o trámites posteriores al ingreso, y confirmaron “el éxito” de esta alternativa para lograr objetivos tan relevantes como evitar la desocialización de los penados.

La jornada de tarde acogió la ponencia de Guillem Cano Palomares, letrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), quien disertó sobre condiciones de admisibilidad y vías de acceso a la máxima autoridad judicial para la garantía de derechos humanos y libertades fundamentales. “El litigio penitenciario español no llega mucho a Estrasburgo. Quizá la situación en este país no es idílica en este ámbito, pero es mucho mejor que la de otros países, incluso dentro de la Unión Europea, como Polonia, Italia o Rumanía. Aunque también existe mucho desconocimiento, por lo que es muy importante que los juristas se formen en la materia”, apuntó.

Cano Palomares expuso casos concretos analizados por la corte europea, como una condena impuesta este año a Malta porque el abogado de oficio no ejerció de manera eficaz la defensa de un acusado, y citó varias medidas cautelares adoptadas para frenar desahucios, cesar huelgas de hambre o dictaminar el examen de presos por parte facultativos médicos durante la pandemia. El letrado repasó también los aspectos más destacados de la jurisprudencia en materia de condiciones de detención, salud, contactos con el exterior o estado de las celdas, entre otras. “Las personas privadas de libertad son vulnerables y el estado tiene la obligación de protegerlas”, concluyó.

El ponente recordó que los presos “son titulares de muchos derechos”, como el derecho a la libertad de religión, la libertad de expresión, el derecho a la educación y el derecho al voto, “un tema que genera mucho debate”. Finalizó su intervención haciendo referencia a la cadena perpetua y a la prisión permanente revisable, “un aspecto en el que el TEDH tiene una jurisprudencia muy rica. Estas condenas se pueden imponer, pero tienen que ser revisables de iure o de facto, tras 25 años. De momento, no se ha registrado en Estrasburgo ningún caso contra España por la prisión permanente revisable”, aclaró.