• El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española ha manifestado su preocupación por la purga sistemática y arbitraria contra jueces, fiscales, médicos, periodistas, profesores y abogados que está llevando a cabo el gobierno turco, tras el intento fallido de golpe de Estado, y solicita a la UE que se revoquen los acuerdos suscritos con Turquía sobre devolución de personas refugiadas, ya que en las actuales circunstancias no puede considerarse de ninguna manera un país seguro.

En este sentido, la presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha dirigido una carta al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para que revoque o suspenda el acuerdo suscrito con Turquía en mayo de 2016 y que los refugiados trasladados a Turquía sean reubicados en países donde se respeten sus derechos.

El acuerdo con Turquía, que está permitiendo que miles de refugiados interceptados por las autoridades griegas sean trasladados a ese país, se aprobó solo gracias a que la UE calificó a Turquía como “tercer país seguro”, a pesar de la discrepancia de agencias y entidades especializadas y la firme oposición de las organizaciones humanitarias.

La destitución de aproximadamente 2.800 magistrados, alrededor de una cuarta parte del personal de la Magistratura, supone de hecho la paralización de los tribunales y un ataque directo a la independencia del Poder Judicial, pilar básico del Estado de Derecho y garante de la protección de los derechos humanos de todas las personas, ahora totalmente intervenido y bajo el control del Gobierno de Erdogan.

Además, el gobierno turco ha decretado la ampliación del periodo de detención sin cargos de cuatro a treinta días, ha anunciado la posible reposición de la pena de muerte y ha suspendido el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El artículo 15 de este Convenio recoge  la derogación excepcional de las garantías establecidas en su texto “en caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación”, por lo que es de suponer que el gobierno turco considera que está en ese escenario, es decir, se considera un país no seguro.

En este contexto, el cumplimiento por parte de Turquía de sus obligaciones legales en materia de refugiados no puede darse por hecho y  enviar refugiados a Turquía desde Grecia sólo puede considerarse una temeridad para la libertad, la integridad y la vida de los refugiados.

En estas circunstancias, la Abogacía Española exige que se suspendan o revoquen definitivamente los acuerdos de la UE con Turquía, para los que se creó un fondo de 3.000 millones de euros de los cuales España aportó 152 millones de euros.

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