El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez Padrón, ha remitido al decano del Colegio de la Abogacía de Madrid un acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del TSJM según el cual se reconoce que las restricciones de entrada a abogados y procuradores en algunas de las dependencias de los órganos judiciales carecen de amparo normativo o reglamentario.  

Este acuerdo es resultado de las reiteradas solicitudes y conversaciones que José María Alonso y el departamento de Defensa de la Abogacía del ICAM han tenido durante meses con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid con el objetivo de terminar con las medidas de limitación y restricción de acceso a las dependencias judiciales que vienen sufriendo los letrados y letradas en el ejercicio de su profesión.   

Tal y como reconoce el presidente del TSJ en el acuerdo, las restricciones  de entrada a abogados y procuradores “ni se contemplaba en el artículo 18 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, ni figura ya tampoco en la Tercera Actualización de la Guía de Buenas prácticas y adopción de medidas de Salud Profesional aprobada por Acuerdo de 12 de agosto de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, al haberse suprimido la mención a “profesionales” en el apartado VIII-4”, por lo que solicita la notificación de este acuerdo a todos los órganos judiciales del territorio.

“Ha sido una cuestión que nos preocupaba enormemente en tanto que se estaba impidiendo a los profesionales de la abogacía realizar su labor de forma digna cuando acudían diariamente a las oficinas judiciales para realizar distintos trámites, tomar vista de las actuaciones o solicitar cualquier tipo de información sobre la tramitación de un procedimiento, limitándoles el libre acceso al interior de la oficina judicial mediante la instalación de verdaderas ‘barricadas’ o barreras físicas, conformadas con mesas, mamparas o carteles con mensajes prohibiendo el acceso, con un contenido que en muchos casos podríamos calificar incluso de desconsiderados, no solo para los profesionales, sino también para la ciudadanía”, ha señalado el decano del ICAM.

Para Alonso, se trata de una situación “ante la que no podíamos permanecer inactivos y frente a la que hemos estados trabajando incansablemente desde el Colegio a través de Defensa de la Abogacía. Por supuesto continuaremos realizando un seguimiento diario, hasta que tengamos constancia de que los compañeros y compañeras pueden transitar libremente para realizar debidamente su trabajo por cualquier oficina judicial”. 

El Departamento de Defensa de la Abogacía agradece a todos los letrados y letradas que han dado traslado al Colegio de la situación que se estaba viviendo en los Juzgados y que ha permitido formular las quejas pertinentes y poner en marcha distintas acciones para terminar con esta situación que afecta gravemente a la dignidad de la profesión y al ejercicio del derecho de defensa. En ese sentido, seguirá trabajando para perfeccionar los canales de recepción de incidencias a través de “Justicia en imágenes” de la App +ICAM para seguir denunciando situaciones de este tipo