En el marco del 2º Congreso Europeo de la Segunda Oportunidad -que se celebra hoy y mañana viernes, 17 de enero, en la sede del Colegio de la Abogacía de Barcelona, bajo la organización del Observatorio de la Insolvencia Personal, se han dado a conocer las conclusiones del II Informe de la Insolvencia Personal.
Este II Informe, elaborado por el Observatorio de la Insolvencia Personal del ICAB, ha sido presentado por Jesús M. Sánchez, decano del ICAB; y Joan Martínez, presidente del Consell de l’Advocacia Catalana. La exposición de las conclusiones las ha dado a conocer Yvonne Pavia, abogada, tesorera del ICAB y presidenta del Observatorio de Insolvencia Personal del ICAB; Martí Batllori, vicepresidente del Observatorio de la Insolvencia Personal del ICAB; de Borja Pardo y Miquel Ángel Salazar, vocales de este Observatorio del Colegio de la Abogacía de Barcelona.
La presidenta del Observatorio de la Insolvencia Personal, Yvonne Pavía, ha afirmado que la elaboración de este II Informe responde a la voluntad de revisar cuál es actualmente el perfil de usuario/a que recurre a través de su abogado/a al mecanismo de la Segunda Oportunidad para resolver sus problemas de Insolvencia personal; para conocer el promedio de duración de un procedimiento – si se ha recudido o no el tiempo- y si ha variado la cuantía del activo y pasivo del deudor que está recurriendo ahora a este mecanismo. Por último, ha recordado que el Informe es la continuación del presentado por el Observatorio de la Insolvencia Personal del ICAB en 2021 con la finalidad de comparar los cambios surgidos entre los expedientes del año 2020 y los del período 2021-2024.
El Informe se ha basado en el análisis de 299 expedientes, procedentes de un despacho especializado en segunda Oportunidad, de los cuales 79 se corresponden con concursos de acreedores iniciados en el año 2021, 78 iniciados en 2022, 100 en 2023 y 42 en el año 2024. También se ha hecho hincapié en que los datos de estos expedientes se dividen prácticamente por mitades entre los iniciados antes y después de la entrada en vigor de la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal.
El vocal del Observatorio Borja Pardo ha expuesto las conclusiones del Informe. Ha destacado que la nueva regulación concursal ha agilizado la tramitación de los procedimientos concursales, y el resultado es que se ha reducido la media de duración del procedimiento, que ha pasado del año y medio (560 días) a 8 meses (242 días) y a raíz de la aplicación de la reforma de 2022, la tendencia es que continúe reduciéndose la duración del procedimiento.
El perfil del usuario que recurre al mecanismo de la Segunda Oportunidad es sustancialmente parecido al que desprende de los datos del primer Informe, siendo en un 59% de los procedimientos un hombre (frente al 41% de mujeres), de entre 30 y 70 años, y situándose la edad media en los 48 años. Des del Observatorio “se aprecia una progresiva disminución de la edad media de la persona declarada en concurso, tendencia que, creemos, se agudizará en los próximos años”, ha afirmado Pardo.
En relación a la nacionalidad y origen de la persona declarada en concurso, si bien el 54% es de origen español, los datos del Informe muestran un cambio significativo respecto primer Informe elaborado por el Observatorio de la Insolvencia Personal del ICAB, situando los deudores de otros orígenes, principalmente de Latinoamérica (que han pasado del 20% al 35% del total de los deudores declarados en concurso) en el segundo perfil más mayoritario.
Sobre el importe total de las deudas Pardo ha destacado que “el 81,14% de los acreedores resultan de entidades bancarias o financieras y que la deuda pública representa un 6% del total; porcentaje que está llamado a estancarse o incluso reducirse habida cuenta de las reformas legales operadas por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal”.
En cuanto al importe total de la masa pasiva del deudor, se ha alertado de la reducción de la misma, ya que de la deuda total pendiente del último ejercicio analizado -2024- es de 63.078,10 euros, mientras que los datos analizados hasta 2020 mostraban un importe medio de 250.000 euros. También se ha resaltado la disminución del valor de la masa activa (conjunto de bienes y derechos del concursado) de manera que, del total de expedientes analizados, en el 66,67% de casos, la masa activa era nula y sólo en uno de cada diez supuestos la persona declarada en concurso era propietaria de un bien inmueble. Además, el 90% de los concursos declarados y analizados para el presente Informe han sido “concursos sin masa”, según lo previsto en el artículo 37 bis y siguientes de la Ley 16/2022.
Del Informe también se desprende la disminución del valor medio de las masas activa y pasiva de los concursos de acreedores de persona física, así como el cambio normativo operado por la reforma de la Ley Concursal, que ha conllevado una drástica disminución del total del importe medio exonerado que es, de promedio, de poco más de 49.000 euros en el año 2024.
En cuanto al itinerario escogido por el deudor, únicamente el 3% de los expedientes analizados contenían la propuesta de un plan de pagos por parte de la persona declarada en concurso de acreedores. Por ello, desde el Observatorio de la Insolvencia Personal del ICAB se considera que a raíz de la aplicación práctica de la norma esta tendencia se verá incrementada en los próximos años.
El vicepresidente del Observatorio de la Insolvencia Personal, Martí Batllori, ha declarado que “todos estos datos permiten al Observatorio de la Insolvencia Personal del ICAB afirmar que hay un claro avance numérico del uso del mecanismo de la Segunda Oportunidad para resolver los problemas de Insolvencia Personal de deudores de buena fe, que su uso ya es equiparable al de países europeos gracias al trabajo que se ha realizado para introducir este mecanismo en la cultura económica y social de nuestro país”.
Durante la presentación del Informe el vocal del Observatorio de la Insolvencia Personal del ICAB, Miguel A. Salazar ha resaltado que “la tendencia al alza en el uso del mecanismo de la Segunda Oportunidad no debe verse como algo negativo, ya que a nivel económico esta vía permite a las personas que se someten a este procedimiento resolver sus problemas de insolvencia y con ello contribuir a que se ‘reintroduzcan en la sociedad’, de manera que puedan volver a pedir un crédito, por ejemplo, para comprar un piso, pagar sus impuestos y rehacer su vida a nivel económico”. No obstante, ha añadido que “uno de los retos que se deben afrontar en estos momentos es la necesidad de contar con herramientas de prevención y acompañamiento ante los primeros signos de insolvencia, como ya tienen otros países como Dinamarca, y por ello ha emplazado al Observatorio a trabajar en la elaboración de una guía actualizada del uso del mecanismo de la Segunda Oportunidad”.
Inauguración del 2º Congreso Europeo de la Segunda Oportunidad
La inauguración del congreso 2º Congreso Europeo de la Segunda Oportunidad ha ido cargo de Jesús M. Sánchez, decano del ICAB; junto con el consejero de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat de Catalunya, Ramon Espadaler; la directora general de Derecho, Entidades Jurídicas i Mediació de la Generalitat de Catalunya, Imma Barral, y el presidente del Consell de l’Advocacia Catalana, Joan Martínez.
El decano del ICAB ha destacado que la abogacía hace una importante función social y que a través del Observatorio de la Insolvencia Personal del Colegio de la Abogacía de Barcelona se ha hecho una gran labor de difusión del mecanismo de la Segunda Oportunidad tanto entre la abogacía como entre la ciudadanía para poder resolver los problemas de insolvencia de los deudores de buena fe. Y ha concluido: “todas las personas se merecen una Segunda Oportunidad. Por ello desde la abogacía y los Colegios Profesionales estaremos, siempre, ayudando a la ciudadanía a través de este procedimiento de segunda oportunidad”.
El consejero de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat ha afirmado que "la ley de la segunda oportunidad es poner rostro a una justicia mucho más humana. Debemos reivindicar que la justicia y una ley como ésta -que ayuda a las personas cuando se encuentran en una situación vulnerable- también es una política social”.
El presidente del Consell de l’Advocacia Catalana ha reiterado, durante la inauguración del Congreso, la importancia de eliminar las dificultades para que los ciudadanos tengan la oportunidad de acceder al mecanismo de la Segunda Oportunidad y ha hecho hincapié en que “la abogacía tiene también una responsabilidad social y nos corresponde encontrar y proponer herramientas que faciliten la vida a la ciudadanía con la máxima seguridad jurídica".
La directora general de Derecho, Entidades Jurídicas y Mediación de la Generalitat ha defendido que la ley de Segunda Oportunidad es un elemento más del abanico de recursos que la administración ofrece para salir de situaciones complicadas y ha añadido: "Siempre hemos defendido un enfoque holístico y trabajamos para desarrollar un sistema que haga que cuando una persona pida acogerse a la Segunda Oportunidad, se activen también otros mecanismos de ayuda por parte de la administración que a esa persona en situación de vulnerabilidad le pueden ser útiles".
2º Congreso Europeo de la Segunda Oportunidad
El 2º Congreso Europeo de la Segunda Oportunidad se ha estructurado en 10 mesas que se realizan hoy y mañana viernes, 17 de enero, en el ICAB, y que están permitiendo abordar cuestiones clave como la buena fe del deudor, el crédito responsable, la administración del concurso de persona física o la protección de la vivienda en los procedimientos de insolvencia; el uso de la inteligencia artificial en la gestión de insolvencias; los mecanismos de alerta temprana para evitar el sobreendeudamiento; y el procedimiento especial para microempresas y autónomos, reforzado con la nueva normativa europea.
La clausura del congreso se realizará el viernes 17 de enero con una ponencia sobre la actualidad jurisprudencial después de dos años de la reforma de la Ley Concursal, que incluirá la participación de expertos en derecho y representantes del Tribunal Supremo español.
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