Madrid, 17 jun (EFE).- El Colegio de la Abogacía de Madrid ha pedido este lunes a los grupos parlamentarios que la futura ley del derecho de defensa regule los criterios orientativos sobre honorarios profesionales a efectos de tasación de los costes del proceso judicial.

En un comunicado advierte de que "a pesar del alto grado de competencia en el sector legal y de la elasticidad en las tarifas, una regulación ambigua impide que los colegios de la abogacía puedan publicar dichos criterios".

A juicio del Colegio de la Abogacía de Madrid "esta situación vulnera el derecho a la información de los usuarios de la justicia, ciudadanos y empresas, a los que se les está privando de la posibilidad de conocer de manera aproximada tales costes".

Por ello ha reclamado a los grupos parlamentarios que regulen esta cuestión en el proyecto de ley del derecho de defensa cuya tramitación en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados encara su recta final con la votación en los próximos días del dictamen que pasará al Pleno de la cámara.

Recuerda que a raíz de diversas resoluciones del Tribunal Supremo confirmando multas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) "los colegios de la Abogacía no puede publicitar baremos con precios orientativos de servicios profesionales como venían haciendo a los exclusivos efectos de tasación de costas y jura de cuentas".

En un comunicado, el decano del colegio, Eugenio Ribón, declara que "urge establecer criterios claros y transparentes en los honorarios profesionales para garantizar el derecho a la información de los consumidores tal como reconoce el artículo 51 de la Constitución".

"Ahora los usuarios de la justicia no pueden conocer de manera aproximada los costes de un proceso judicial, lo que les impide evaluar adecuadamente los riesgos y beneficios de emprender acciones legales", explica.

En su solicitud el colegio comenta que la regulación que plantea beneficiaría también a grupos profesionales como letrados de empresa, abogados del Estado y de comunidades autónomas y municipales, "que necesitan los criterios orientativos para informar a sus responsables institucionales sobre las posibles consecuencias económicas de una sentencia adversa con condena en costas".

Por otro lado, y también en el marco de dicho proyecto, el colegio madrileño reclama una mejor regulación de la figura del 'amparo colegial', que se aplica en casos de vulneración grave del derecho de defensa.

Finalmente la abogacía de Madrid pide a los grupos parlamentarios que incluyan en esta ley una referencia a la justicia gratuita y la necesidad de regular el estatuto del turno de oficio.