Madrid, 29 nov (EFE).- El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha solicitado al Tribunal Supremo la imputación de Pilar Sánchez Acera, la asesora de Moncloa que envió al exlíder del PSOE-M Juan Lobato un correo sobre la confesión de dos delitos fiscales por parte del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Horas después de que Juan Lobato, en su declaración como testigo en el alto tribunal, aportase el acta notarial que registró sus comunicaciones con Sánchez Acera, el Colegio, que es acusación popular en el procedimiento, ha pedido al juez Ángel Hurtado que la cite a declarar en calidad de investigada.

El ICAM ve "útil, necesaria" y "pertinente la declaración de "quien fuera interlocutora en las comunicaciones vía whatsapp" con Lobato "y que le resultaron ser fuente del documento nuclear objeto de las pesquisas de instrucción", según su escrito, al que ha tenido acceso EFE.

Además de aportar su móvil, el ex secretario general de los socialistas madrileños ha entregado al juez el acta que acredita la conversación que Lobato mantuvo con Sánchez Acera el pasado 14 de marzo y que, según el exlíder socialista, registró para evitar posibles responsabilidades.

En ella, la exjefa de gabinete del ahora ministro Óscar López le envía un documento con el correo en el que la defensa de Alberto González Amador reconoció que su cliente defraudó a Hacienda y ofreció un pacto de conformidad al fiscal.

Según la conversación, Juan Lobato le pregunta si eso "se ha publicado en algún sitio". "Porque llega, la tienen los medios", contesta Sánchez Acera, que después añade: "Vamos a verlo. Para q estés más respaldado (sic). Si es así. Te lo digo. Si no. La tienes en retaguardia".

"Sí porfa. Es buena para explicar en la rueda de prensa con propia carta. Pero la necesito diciendo de dónde la saco. Porque si no parece que me la ha dado la fiscalía (sic)", indica Lobato en otro mensaje, de las 08:44 horas de la mañana.

Una hora después, Sánchez Acera le envía un enlace de un medio de comunicación que había publicado aquella información.

El Supremo investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por presunta revelación de secretos en relación a la filtración del citado correo.