La International Bar Association (IBA) -la mayor asociación mundial del sector legal, con más de 80.000 juristas y más de 190 colegios de abogados de 175 países- estima que el aumento en un punto en el Índice del Estado de Derecho incrementa un 0,82% el PIB, tal y como se recoge en el primer estudio global que cuantifica los efectos sociales y económicos de la profesión legal, el Informe de Impacto, que ha sido presentado esta misma mañana a los medios de comunicación españoles por Almudena Arpón de Mendívil, la primera mujer presidenta de la IBA en los últimos 20 años.
El Informe (se adjunta resumen ejecutivo), elaborado con la aportación de McKinsey en la recopilación y análisis de datos, constata que un Estado de Derecho sólido, apoyado por una fuerte profesión legal, contribuye al crecimiento económico y al bienestar social. Sin embargo, durante el año pasado, y por sexto ejercicio consecutivo, el Estado de Derecho decayó en el 59% de los 142 países analizados.
Este retroceso es especialmente preocupante teniendo en cuenta que un Estado de Derecho consolidado ayuda a los países a captar más inversiones, ser más innovadores y productivos, así como a reducir la desigualdad hasta en un 5% a escala mundial. En concreto, del Informe se desprende que los niveles de innovación son más altos en los países que se encuentran en el tramo superior del Índice del Estado de Derecho, de modo que si hubiera una mejora global a los niveles de los países en el tramo más alto en el índice Estado de Derecho podría desbloquear 83 billones de dólares de inversión en I+D.
El Estado de Derecho también tiene su reflejo en el mercado laboral: puede evitar el empleo irregular de 34 millones de personas a nivel mundial o disminuir en 34 millones los jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación.
No hay comentarios.