El exfiscal y abogado Carlos Castresana aseguró ayer que la corrupción “es una violación de derechos económicos sociales y culturales. Alcanza a los derechos civiles y votar cada cuatro años no es suficiente”.
Castresana hizo estas declaraciones al recibir ayer de manos de Antonio Garrigues Walker el I Premio a la Transparencia, Integridad y Lucha contra la Corrupción, convocado por Transparencia Internacional España (TI-España) y el Consejo General de la Abogacía Española, en un acto celebrado en la sede de la Abogacía Española. El acto estuvo presidido por la presidenta de la Abogacía española, Victoria Ortega, y el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano.
Castresana resaltó la necesidad de introducir la transparencia y la rendición de cuentas en todos los organismos públicos y pidió que se aplique las medidas recogidas en la Convención de Mérida (México) para evitar la corrupción, que no son sólo de índole penal, sino también medidas que afectan a la educación, al desempeño de los organismos públicos, a la rendición de cuentas y a la transparencia y que en España se cumple en un 10 por ciento en esta materia. “No podemos decir que ha fracasado sino que está, en buena medida, sin estrenar”, aseguró sobre esta normativa.
Por su parte, Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho, premiada con una Accésit, aseguró que la corrupción no es una cuestión cultural, ni de clima, recordando que su compromiso radica en entender la lucha contra esta lacra “como una forma de fortalecimiento institucional”.
Por su parte, Antonio Garrigues señaló que aunque la corrupción es inherente a la condición humana, se puede atacar y que hay que empezar por la educación. Garrigues señaló que había que ser moderadamente optimistas, porque hoy los corruptos acaban ante la Justicia y pagando un precio por sus delitos. No todos, pero sí muchos. “La ética, añadió, es definitivamente rentable en todos los aspectos y en todos los ámbitos”
El presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, exigió mayor transparencia a las instituciones públicas y a los partidos políticos para acabar con la corrupción en España, y resaltó el papel cada vez más importante de la sociedad civil en el control de estas instituciones, así como la necesidad de que los partidos políticos tengan en cuenta el clamor social pidiéndoles diálogo y tolerancia de cara a lograr los acuerdos necesarios para abordar no solamente el problema de la corrupción sino los importantes y urgentes desafíos sociales y políticos actualmente existentes en este país.
Cerró el acto la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, quien destacó que “el derecho a saber permite acceder al pleno ejercicio de otros derechos y hace posible el control de la gestión pública mientras previene la corrupción”. En relación al alto nivel de corrupción que percibe la sociedad, la presidenta de la Abogacía aseguró que “si miramos con detenimiento, lo que vemos es que el sistema funciona, que la justicia – a pesar de la falta de medios y de todas sus carencias humanas y materiales, a pesar de sus imperfecciones- funciona, y la impunidad no es norma”.
Carlos Castresana
El ganador de esta primera edición, Carlos Castresana, ingresó en la Fiscalía Anticorrupción desde su creación en 1995, donde estuvo dedicado a investigar delitos económicos, en algunos casos de gran relevancia tanto a nacional como internacional. Encabezó investigaciones como el caso Gil, sobre las presuntas irregularidades cometidas por el fallecido alcalde de Marbella y ex presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil y Gil, o la que presentó ante la Audiencia Nacional contra Augusto Pinochet, a quien acusó de genocidio, tortura y terrorismo, así como a los militares que gobernaron Argentina desde 1976, lo que dio origen al juicio contra Pinochet y a la detención del militar chileno.
En septiembre de 2007, recibió el encargo de la Secretaría General de la ONU, de dirigir la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), una instancia única en su género, dedicada a colaborar con el Estado guatemalteco en la investigación y desmantelamiento de los grupos criminales que se han incrustado en las instituciones para procurar impunidad. En junio de 2010, el magistrado español renunció sin embargo como director del Cicig, por el “incumplimiento” del Estado guatemalteco en su compromiso de combatir la impunidad.
Fundación Hay Derecho
La Fundación Hay Derecho nació en 2014, tras cuatro años de existencia del Blog del mismo nombre, con el objetivo de defender el Estado de Derecho y las instituciones en España. El jurado le ha otorgado un accésit por su labor a favor de la transparencia, la defensa del Estado de derecho y la mejora de nuestro ordenamiento jurídico e instituciones.
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