Personas que viven de alquiler pero no pueden acceder a su casa debido a la lava y se preguntan si deben seguir pagando la renta, u otros que van a ser desahuciados porque su arrendatario se ha quedado sin su vivienda y necesita esta propiedad.

O padres separados que han visto cómo la colada se llevaba primero la casa de uno, en la que vivían sus hijos, y luego la del otro. Estas son algunas de las situaciones que están encontrando los abogados de turno de oficio de La Palma, que han empezado esta semana a ofrecer asesoramiento jurídico gratuito a los damnificados por el volcán.

“Esperábamos que la mayoría fuera sobre el tema de indemnizaciones pero está siendo muy variado. Hay consultas de extranjería, porque te piden documentación para acceder a ayudas y qué pasa si estás en situación irregular, temas laborales como los ERTE que va a haber por catástrofe, o sobre el baremo para acceder a las ayudas. La gente está nerviosa por si puede acceder, eso preocupa mucho”, explica la abogada Dulce García.

En una oficina habilitada en Los Llanos de Aridane los letrados han empezado a recibir visitas de personas desalojadas por el avance de la lava. “La gente necesita la presencialidad, necesitan hablarte cara a cara para contártelo. Necesitan ver a alguien, se sienten muy solos, muy desamparados, van con un sobre de papeles bajo el brazo mirando a los lados”, explica Garcia.

La abogada de La Palma Dulce Garcia.

Han sido mucho los letrados que se han apuntado voluntarios a este turno especial puesto en marcha por el Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma. Incluso muchos de la península. “Evidentemente no van a poder atender presencialmente pero se les pueden mandar documentación para que estudien alguna póliza”. Todos los letrados han recibido formación especial, como la cobertura de daños por el Consorcio de Compensación de Seguros, para poder enfrentarse a las nuevas situaciones que están surgiendo.

“Hemos empezado por las cosas gordas que creemos que son las necesidades ahora: daños sobre bienes inmuebles asegurados y arrendamientos, inmuebles no asegurados y otras construcciones, daños en explotaciones agrarias, y finalmente pérdidas de beneficios en locales y todo lo que tenga que ver con empresa”, cuenta Dulce García.

La ya difícil situación en la zona afectada por el volcán se complica aún más porque hay muchas viviendas que no están aseguradas (solo lo están el 45%) y ni siquiera registradas, como explica la abogada. “Son zonas rurales en las que la situación típica es que yo tenía un terrenito de mi padre, no se puede segregar pero lo repartimos entre dos hermanos, construimos otra casa y vivimos juntos. Ese tipo de construcción es la más habitual, aunque tenga su IBI y su catastro no tienen documentación, no la tienen inscrita y mucho menos asegurada”.

“De momento, es mucho tema de escapar”, resume muy gráficamente la letrada, quien, por cierto, vive cerca del volcán, en El Paso y nota las explosiones tan cerca que teme que su casa se resquebraje. “Lo jurídico gordo vendrá después, cuando la gente se plantee si ese suelo que está debajo de la lava es mío o no es mío o si me lo tendrán que expropiar.  Yo entiendo que por mucho que esté cubierto por lo que sea es del propietario, no se pierde la propiedad.  Ora cosa es que luego las autoridades decidan declarar algún tipo de afección de ese suelo, decir que este es un espacio natural protegido. Eso tendrá su problemática jurídica después”.