La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, y la directora en funciones de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mar España, han firmado el Protocolo para colaborar en materia de atención a las personas afectadas en caso de que sus datos se hayan obtenido ilegítimamente y difundido a través de Internet, especialmente en caso de imágenes, vídeos o audios con datos sensibles.
Con este Protocolo General de Actuación, la Abogacía Española y la AEPD se prestarán colaboración mutua y seguirán intensificando sus relaciones para establecer iniciativas y actividades comunes para reforzar los derechos de los afectados, particularmente en asuntos de violencia contra la mujer.
El acuerdo firmado hoy tiene entre sus objetivos principales ofrecer información a los afectados sobre cómo presentar una reclamación ante la Agencia. Además, cuando a raíz de los hechos que declarase la persona a la que el abogado asesore o defienda se detectasen indicios de conductas que vulneren la legislación en materia de protección de datos, se le informará acerca de su derecho a presentar una reclamación gratuita ante la AEPD.
La firma de este Protocolo se enmarca en la presentación por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad en funciones, Carmen Calvo, y la directora en funciones de la AEPD, Mar España, del Canal prioritario puesto en marcha por la AEPD para comunicar la difusión de contenido sensible y solicitar su retirada. Este sistema se apoya en un convenio y varios protocolos de colaboración suscritos por la Agencia con la vicepresidencia del Gobierno, con los Ministerios de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad; de Interior; de Educación y Formación Profesional; de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, con la Fiscalía General del Estado y con el Consejo General de la Abogacía Española.
Este Canal prioritario para comunicar la difusión ilícita de contenido sensible y solicitar su retirada pretende ofrecer una respuesta rápida en situaciones excepcionalmente delicadas, como aquellas que incluyen la difusión de contenido sexual o violento. El objetivo es establecer una vía en la que las reclamaciones recibidas serán analizadas de forma prioritaria, permitiendo que la Agencia, como autoridad independiente, pueda adoptar, si es preciso, medidas urgentes que limiten la difusión y el acceso de los datos personales.
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