Es imposible borrar la trágica huella que las atrocidades terroristas del 11 de marzo de 2004 dejaron en nuestra memoria colectiva. El Colegio de Abogados de Madrid la tiene muy presente, y quiso que a través de una placa se recordase para siempre a las víctimas de aquellos atentados, de los que hoy se cumplen quince años, y particularmente a nuestra compañera Cristina López Ramos, asesinada aquella infausta mañana.

Cristina, una joven de 38 años que llevaba ocho como empleada en el ICAM, perdió la vida junto a su esposo cuando venía al trabajo. Residía en el barrio de Santa Eugenia y se desplazaba habitualmente hasta el centro de la capital en su vehículo particular, aunque aquel día tuvo que utilizar el servicio de trenes de cercanías por una avería en su coche. A las 7:41 se encontraba en el convoy que explotó en la estación del Pozo del Tío Raimundo.

Qué duda cabe que esta forma de violencia es aún una amenaza de primer orden para nuestra forma de vida (baste recordar la aún reciente masacre de Las Ramblas, el pánico que sufrió Barcelona). Y precisamente por eso el Estado de Derecho está obligado a potenciar constantemente sus medios y a revisar sus fórmulas para neutralizar a las personas y organizaciones que no buscan sino acabar con las sociedades abiertas. La tarea de redefinir las herramientas y las estrategias necesarias para frenar a los enemigos de la libertad está siempre por concluir.

Las víctimas del terrorismo piden constantemente memoria, dignidad y justicia, y se han instituido con el paso del tiempo en base moral de nuestra democracia. Mañana, en representación de la Abogacía madrileña, recibiré en el Colegio de Abogados de Madrid a Maite Araluce, presidenta de la AVT. Nadie mejor que las víctimas puede defender los valores de la convivencia y el respeto mutuo que quieren destruir aquellos que les han infligido dolor y sufrimiento.

El ICAM quiere reconocer de manera expresa y directa su impulso ético y su coraje cívico, su ejemplaridad. Por eso preparamos un gran homenaje, que llevaremos a cabo tan pronto como sea posible, no sólo para quienes han sido golpeados por la barbarie durante décadas (primero a través del terror etarra y luego del yihadista), sino para los compañeros y compañeras que han pedido justicia ante los tribunales y les han defendido en las condiciones más duras.

En democracia no cabe sino la represión legal de aquellos que vulneran sistemáticamente los derechos fundamentales promoviendo o justificando los peores atentados. La Abogacía ha desempeñado un papel fundamental actuando frente a quienes fomentan, propician o legitiman la violencia, con el objetivo de subvertir el orden constitucional o con aspiraciones aún más demoledoras o perversas.

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en una fecha como la de hoy, quiere estar especialmente con las víctimas del terrorismo, y manifestar de manera explícita su convicción profunda de que aquellos que a través del miedo pretendan deteriorar, erosionar e incluso liquidar nuestros principios democráticos, apenas podrán aspirar a ser derrotados por la eficacia, también la judicial, del Estado de Derecho.