Pocas horas antes de que finalizase la convocatoria para la presentación de las candidaturas a la presidencia del CGAE, a la que pueden optar cualquier abogado ejerciente en activo, sabíamos de la iniciativa de la abogada de Barcelona, Vanessa González, actualmente presidente de ALTODO en esta ciudad, a presentarse a los comicios del 14 de enero. Ha sido este gesto el que nos mueve a hablar con ella, en primer lugar, lo haremos también con el resto de candidatos antes de que finalice este proceso electoral.
“Me he enterado por la prensa de estas elecciones y por la página del CGAE, creo que se tendría que haber hecho más énfasis en dicha convocatoria”, comenta esta experta penalista que hace unos meses se presentó también a las elecciones de Secretaria en el ICAB. En su programa se habla de la reforma del Estatuto General de la Abogacía que impulse una mayor democratización de la entidad, cambiando la forma de elegir al presidente y sus consejeros , así como una regulación justa de la propia venia entre los mismos letrados:“
No tiene sentido que los abogados, que pueden presentarse a estas elecciones si son ejercientes, no puedan votar al futuro presidente del CGAE” afirma nuestra interlocutora, quien muestra su preocupación por la idea actual de modificar dicho Estatuto pero para perpetuar el status quo existente
¿Quién es?
Letrada ejerciente y adscrita en los distintos turnos de Oficio, Penal, Extranjería, Menores y Violencia Doméstica. En mis inicios fui Letrada del Servicio de Orientación Jurídica del ICAB durante años y también colaboré en la prestación del Servicio de Atención al Inmigrante y al Refugiado del Ayuntamiento de Barcelona, SAIER.
Presido la Asociación de Letrados Por un Turno de Oficio Digno, desde su constitución en el año 2007 y soy conocida entre los letrados barceloneses por haber sido la directora jurídica de recursos contenciosos administrativos de gran envergadura como el que ha dado lugar a la declaración de nulidad de los Estatutos del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y la Normativa de la abogacía catalana que declaró la nulidad parcial de la misma.
¿Por qué presenta una abogada ejerciente su candidatura a la presidencia del CGAE?
Creo que debe mejorar mucho el funcionamiento de los Colegios de Abogados y del propio CGAE como institución y ser más transparente de cada a los propios abogados. Bajo mi punto de vista podrían tener un funcionamiento democrático mayor del que tienen.
La propia convocatoria de estas elecciones a la presidente del CGAE se ha seguido con mucho sigilo y muy poca publicidad. Resulta curioso que cualquier abogado ejerciente se pueda presentar a estos comicios, pero no puedan elegir directamente a su presidente.
Es lamentable la poca difusión que se han dado a estas elecciones. En el caso del ICAB, el segundo más importante en número de colegiados en España, no se ha hecho ninguna difusión a los colegiados de esta convocatoria.
No acabamos de entender cómo pueden presentarse a las elecciones a presidente del CGAE, pero no puedan votar al presidente…
Es una incoherencia total, como puede ver. La verdad que el papel de los abogados colegiados en las instituciones es residual. Parece como si sólo estuviéramos para pagar cuotas.
Desde fuera, es evidente que ser decano y presidente del CGAE es incompatible, porque ambos cargos requieren de mucha dedicación. No se puede estar en todas partes y eso se ha visto en los últimos años.
A nivel de programa, ¿Qué puede adelantarnos desde este punto de vista?
Es el momento de la reforma del Estatuto de la Abogacía Española para que los abogados podamos votar. Y que la proporción, un abogado, un voto sea una realidad. Hay que reformar el sistema de elección del presidente y de los Consejeros. Que todos los abogados puedan presentarse desde una convocatoria electoral justa y correcta.
Desde aquí se trata de impulsar la transparencia a nivel interno y la democracia a todos los niveles. Conocer los acuerdos de los Plenos, hoy por hoy, es imposible. Tampoco veo porque se niega la presencia de periodistas y abogados a la asistencia a esos Plenos. Tenemos derecho a saber de qué hablan nuestros representantes. Se puede ir a un pleno del Ayuntamiento, pero no a otro del CGAE, por lo menos, hasta la fecha
¿Y a nivel de gestión interna de la entidad...?
El CGAE se sustenta con grandes aportaciones que hacen los Colegios de Abogados para su funcionamiento. Es el momento de optimizar los gastos y que sea más rentable. En esa línea, fundamental dar más información a los colegiados para que conozcamos las cuentas del CGAE.
No me presento para defender únicamente la situación del Turno de Oficio en España, que es grave, como usted bien sabe. Es curioso que pese a que la situación ha ido a peor no se haya organizado una huelga general de abogados del Turno en nuestro país.
¿Es partidaria que el cargo de presidente del CGAE, tenga limitado su mandato?
Hay que estudiar muy bien este tema. Creo que nadie debe perpetuarse en el cargo, como también que igual cuatro años en un puesto de este tipo son insuficientes para lograr objetivos a corto y medio plazo.
¿Qué rasgos deberían definir al futuro presidente del CGAE en su forma de proceder?
Debe ser un profesional con carácter para poder enfrentarse a los diferentes retos en los que los abogados tenemos que estar presentes. Hay que defender de forma real a la abogacía y reclamar, como se ha hecho hasta ahora sin éxito una Ley Orgánica que regule el Derecho a la Defensa, fundamental en la jurisdicción penal en estos momentos.
Los abogados estamos cada vez más infravalorados. Cada día se nos trata peor y es la realidad, cualquier persona recibe mejor trato que un abogado en la actualidad. En este contexto necesitamos un presidente que salga en defensa de la profesión, de esa forma se verá beneficiado el derecho a la defensa de los ciudadanos.
La situación no es buena para nadie. Muchos compañeros abogados viven una situación económica precaria. Nuestra profesión marcada por la crisis no acaba de despegar en estos últimos años. Por si fuera poco, la justicia en nuestro país está en una situación lamentable y la abogacía debe ser actor importante que colabore en las próximas reformas legislativas.
¿Qué opinión tiene de las reformas del Ministro Catalá, en especial LECrim y Código Penal?
Son dos reformas importantes, de gran calado, desde mi punto de vista inconstitucionales e inaceptables. En el caso de la LECrim sorprende el gran movimiento de jueces y fiscales para buscar su derogación y la tibia actitud de la abogacía y sus instituciones que no han acabado de movilizarse, solo cuatro notas de prensa diciendo que la reforma es mala.
La abogacía tiene que movilizarse, en defensa de la profesión y del derecho a la defensa de los justiciables. En esta situación, somos necesarios todos, además de los decanos de los Colegios de Abogados.
¿Es necesaria, por tanto una Ley Orgánica que regule el Derecho a la Defensa en nuestro país?
Absolutamente. Lo que no puede ser es que las directivas comunitarias permitan a que el abogado se entreviste con su cliente y tenga acceso al atestado y que aún no se haya introducido en nuestra normativa de forma real. Hay que hacer valer los derechos de las personas detenidas, sin duda.
La estructura actual, de 83 Colegios de Abogados, repartidos por todo el territorio nacional, ¿son necesarios o habría que pensar en alguna reestructuración?
Los Colegios existentes son muy necesarios. Se han convertido en elementos claves en su zona de influencia y veo difícil una reducción como en su día planteó el ministro saliente de Justicia Ruiz-Gallardón al inicio de esta legislatura.
Es evidente que una buena descentralización ayuda a que los colegiados y ciudadanos reciban mejor servicio. Es una cuestión de proximidad, clave. Dicho esto, los Colegios de Abogados deben seguir su proceso de reforma para garantizar los derechos de sus propios colegiados y nunca actuar en contra de los intereses de estos.
Y en este contexto, ¿Hay que mantener la política de un colegio, un voto, pese a que la aportación económica al CGAE de los Colegios sea diferente en muchos casos?
Otro tema clave que merece un estudio a fondo por el futuro presidente. Es evidente que habría que buscar una fórmula diferente a la actual y que evitase que los que más aportan pudieran controlar el CGAE. Habría que establecer cuotas razonables en este sentido.
Respecto al Turno de Oficio ¿Qué solución ve para solventar un problema crónico en estos últimos años?
En Cataluña vamos al día de pagos prácticamente. No nos deben nada porque no hay nada que cobrar en estos momentos. Sin embargo, la situación no es mejor que en otros lugares de España. Le puedo decir que el propio ICAB ha modificado de forma unilateral los criterios de pago. Hay muy pocos asuntos, la propia policía autonómica hace pocas detenciones y no coge denuncias. Las guardias han pasado de tener 20 detenidos a unos cuatro y eso se nota.
Sobre la solución que me pide, creo que hay que diferenciar la jurisdicción penal del resto. Los penalistas como yo, hacemos asistencia al detenido pese a que no conocemos su capacidad económica.
Habría que hacer una reforma para que el abogado pudiera cobrar sus honorarios normales si se sabe que esa persona detenida no es beneficiaria de la Justicia Gratuita, pero no es sencilla llevarla a cabo. Otro tema importante, sería la homologación de los baremos en toda España con cantidades más dignas que las actuales. Es fundamental apostar por una retribución digna.
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