La Abogacía Española reclama una nueva Ley de Justicia Gratuita que escuche su voz y mejore el servicio, un servicio que, insisten, es público y que “no es una actividad de mercado”, sino uno de los Derechos Fundamentales de la ciudadanía recogidos en la Constitución.
De esta manera comenzó su análisis de las conclusiones de las V Jornadas de Asistencia Jurídica Gratuita celebradas en Segovia el presidente de la Comisión en esta materia del Consejo General de la Abogacía Española, Antonio Morán, crítico con la forma en que las administraciones reconocen el trabajo de los letrados del turno de oficio y el esfuerzo de los Colegios de toda España.
Morán recordó que la actual Ley data de hace veinte años, -enero de 1996- periodo en el que la situación social, económica y jurídica del país ha cambiado sustancialmente, mientras que las reformas emprendidas hasta ahora no han sido de suficiente calado.
En este sentido, las conclusiones de las Jornadas proponen la simplificación de los trámites y eliminación de burocracia, que convierte en ocasiones la solicitud de la Justicia Gratuita para los ciudadanos en “una carrera de obstáculos” para saber si tiene derecho.
Piden, además, que se garantice la cercanía de los abogados a los ciudadanos en sus demarcaciones territoriales, así como poner fin a la inseguridad jurídica que sufren los Colegios y letrados de oficio ante la proliferación de normativa de desarrollo que en ocasiones se contradice, a través de normas claras y concretas.
Por último, reclaman la dignificación de la labor del abogado, a través de unas retribuciones justas y ponerle coto a la variedad de retribuciones dependiendo del territorio. Al respecto, recordó que un letrado de oficio cobra de media 125 euros en España por ocuparse de un caso a través del turno, y que el coste medio por ciudadano de la Justicia Gratuita en este país es de 4 euros.
“No se trata de que el Colegio preste caridad a quien no tiene medios”, dijo el presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del CGAE, “porque el ciudadano tiene el derecho, y cuesta imaginar que el Colegio de Médicos tuviera que pedir una derrama entre sus colegiados para sufragar el coste del anestesista en una operación, pero esto en la Abogacía, existe”.
Así, recordó que algunas administraciones se demoran años en pagar a los abogados de oficio su trabajo y reflexionó sobre que a los gobiernos “no les resulta rentable la Justicia, porque no da votos, pero no estamos viviendo en un país del tercer mundo”.
Unos servicios de orientación jurídica financiados por la Administración
Entre las conclusiones de las V Jornadas destaca también la exigencia de que se incluyan los servicios de orientación jurídica a presos, mujeres maltratadas, víctimas de trata y migrantes dentro del marco del Turno de Oficio y Justicia Gratuita y financiados por las Administraciones.
Hasta el momento, expuso, aunque muchos Colegios en España se hacen cargo de ellos, lo hacen fuera del amparo del Turno de Oficio, a consecuencia de distintas regulaciones en las diferentes Comunidades Autónomas, de modo que los Colegios prestan los servicios gracias sólo al altruismo de los colegiados, que lo hacen voluntariamente.
En defensa de los derechos de los refugiados
Por último, los casi 200 abogados españoles reunidos en Segovia acordaron alzar de nuevo la voz en defensa de los derechos de los refugiados, exigiendo al Gobierno de España y resto de Gobiernos de la Unión Europea “el escrupuloso cumplimiento de los tratados internacionales y la solidaridad de los gobiernos con las personas que huyen de la guerra, la persecución y la miseria”, puesto que, señaló, “la situación que tenemos no es de recibo”.
En este sentido, destacó la bolsa de abogados expertos en extranjería y con conocimiento de idiomas que puso en marcha la Abogacía Española hace dos meses, en la que hay inscritos 1.500 colegiados de todos los puntos de la geografía nacional, dispuestos a asesorar a los refugiados que sean acogidos en nuestro país.
CONCLUSIONES DE LAS V JORNADAS DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
SEGOVIA
- Reiterar que el Turno de Oficio y la Justicia Gratuita es un servicio público que presta la Abogacía y que afecta a derechos fundamentales. Consecuentemente, exigimos que la Administración dignifique la labor que desarrollan los abogados, ya que los ciudadanos valoran muy positivamente su tarea.
- Exigir a las Administraciones Públicas una efectiva colaboración y confianza hacia los Colegios de abogados, con trato de igualdad y lealtad, y ello derivado de la naturaleza de éstos como Administraciones Institucionales de base corporativa.
- Reformar el marco legal de la Justicia Gratuita, escuchando la voz y experiencia de la Abogacía en esta materia, afrontando una mejora real del servicio, tanto para los ciudadanos como para los abogados y Colegios:
- Facilitando los trámites formales a los ciudadanos. Racionalizar y uniformar las exigencias económicas para la concesión de este derecho.
- Simplificando los trámites a los profesionales y a los Colegios de Abogados, responsables de la organización y administración de los servicios de turno de oficio y asistencia jurídica gratuita.
- Garantizando el cobro de todas las actuaciones del abogado por los asuntos encomendados por Turno de Oficio.
- Garantizando a los ciudadanos que tengan un abogado cercano a su domicilio, le atienda personalmente y de manera adecuada.
- Garantizando que los costes de infraestructura y gestión soportados por los Colegios de Abogados en estas tareas se ajusten al real y efectivo gasto.
- Concretando los requisitos de acceso y prestación del servicio, evitando la actual inseguridad jurídica.
- Garantizando la especialización y la formación continuada de los abogados, con la oportuna financiación de las administraciones.
- Y en definitiva que se establezca un marco jurídico del abogado del turno de oficio que reconozca su función social.
- Exigencia de un marco retributivo digno, completo, puntual y adecuado con independencia del lugar donde se preste el servicio. En especial se insta al Ministerio de Justicia para que realice una urgente actualización de su baremo.
- Recomendación a todos los abogados, especialmente a los adscritos al Turno de Oficio, de la exigencia del Protocolo de Garantías del Detenido aprobado por el CGAE.
- Exigir la implantación de los Servicios de Orientación Jurídica en todos los Colegios en cuyo marco geográfico exista un centro penitenciario, financiando por las Administraciones. Y establecer como preceptiva la intervención letrada en todos procedimientos que se tienen lugar ante los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.
- Exigir la preceptividad de la asistencia letrada a la víctima de violencia de género en sede policial.
- Procedencia de sensibilizar y formar a los abogados en la detección de casos de trata de seres humanos.
- Procedencia de crear un Turno de Oficio Especial en materia de Protección Internacional.
La Abogacía reitera y alza la voz nuevamente en favor de los derechos de los refugiados, e insta al Gobierno de España y a la Unión Europea el escrupuloso cumplimiento de los tratados internacionales y den muestras de solidaridad ante el drama de los refugiados que huyen de la guerra y de las persecuciones.
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