En un Estado social y democrático de Derecho es imprescindible contar con una Justicia de calidad que trasmita credibilidad y confianza a la ciudadanía en la tutela y defensa de sus derechos e intereses legítimos. Sin Justicia no hay democracia y no hay libertad. Por ello, resulta evidente que La Justicia es una cuestión de Estado.
Nadie es ajeno a la realidad de que, desde hace tiempo y de una forma más acuciante hoy en día, la Justicia sufre una grave crisis reputacional en la que se multiplican los conflictos, se cuestiona su independencia, y no se procede a la normal y legalmente prevista renovación de sus órganos de gobierno.
El deterioro de su funcionamiento y de su imagen institucional resulta evidente, encontrándonos en una situación crítica que está provocando una grave afección a la ciudadanía, que ve cómo existen miles de procedimientos paralizados y unos tiempos de respuesta que no resultan asumibles.
Desde hace muchos años, la Abogacía ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar de forma definitiva una reforma profunda y duradera de la Justicia, como verdadera solución de los problemas de la ciudadanía y la sociedad y ha tratado, siempre de manera proactiva, de impulsar un gran Pacto de Estado que exige, por su naturaleza, una firme voluntad de acuerdo que deje al margen cualquier tipo de interés político-partidista y/o corporativo.
Se hace necesario abordar y resolver los problemas puntuales y las legítimas reivindicaciones de quienes intervienen en la administración de justicia. Sin lugar a dudas, adquiere especial relevancia la antigua y constante reivindicación que la Abogacía viene efectuando, para conseguir una mejora en las condiciones en las que se presta el turno de oficio; ahora bien, sin que ello signifique ocultar u olvidar la imperiosa necesidad de abordar todas y cada una del resto de cuestiones de fondo que permitan transformar nuestro sistema de justicia, en un sistema moderno, creíble y reconocido como un servicio público de calidad, capaz de generar confianza en la ciudadanía.
Un Pacto de Estado que aborde un cambio profundo de organización y de actitud de nuestra Administración de Justicia y, sobre todo, que cuente con un compromiso político que permita realmente construir y ofrecer un servicio público, que tiene por destinatarios finales a todos los ciudadanos, la protección de sus derechos y libertades.
Un Pacto de Estado en el que todas las medidas que puedan adoptarse vayan encaminadas a una mejora permanente en la calidad de las resoluciones judiciales, para que la respuesta que reciba la ciudadanía sea justa en un tiempo adecuado.
Un pacto de Estado que recoja mecanismos que fortalezcan la credibilidad en todos y cada uno de los órganos jurisdiccionales, en sus órganos de gobierno y en las instituciones relacionadas con la Justicia, con una exigencia fundamental de respeto a la independencia judicial.
Un Pacto de Estado que mejore los mecanismos de coordinación de cada una de las instituciones y administraciones con competencias en la Administración de Justicia y los mecanismos de participación de quienes intervenimos en ella y de los ciudadanos destinatarios del servicio público.
Un Pacto de Estado que acometa la imprescindible mejora del Gobierno de la Justicia, sin olvidar que es el órgano de gobierno de un Poder del Estado, y no solo de los jueces, garantizándose la independencia en el ejercicio de su función por el Consejo General del Poder Judicial, con la finalidad de conseguir una cierta y real despolitización de la justicia, y garantizando una presencia más proporcional y representativa de la abogacía conforme al espíritu del artículo 122 de la Constitución Española.
Un Pacto de Estado que afronte, desde el consenso, una revisión del marco legal de nuestro sistema de Justicia Gratuita de forma que garantice, estrictamente a los ciudadanos que carecen de recursos económicos, un servicio de calidad, con profesionales debidamente formados, manteniendo la proximidad territorial y tendiendo a la especialización por áreas y servicios. Garantizando, en todo caso, una digna compensación a la Abogacía que ampare todas las actuaciones efectuadas por designaciones de Oficio.
Un Pacto de Estado que busque la mejora del funcionamiento de la Administración de Justicia racionalizando los métodos de trabajo y revisando su organización territorial y funcional, mediante una transformación estructural que supere el marco actual, cuya excesiva rigidez impide el adecuado aprovechamiento de los recursos disponibles, con respeto a los principios de especialidad, eficiencia, eficacia, racionalidad, flexibilidad y proximidad al ciudadano.
Un Pacto de Estado que emprenda la modificación del Estatuto de Jueces y Magistrados consolidando la idea de carrera con criterios de mérito, formación, especialización, rendimiento y calidad de trabajo, además de la antigüedad, aplicables para la promoción, adjudicación de destinos y mejora de los niveles retributivos. Revisando, igualmente, el sistema de acceso a la carrera judicial y de provisión de puestos, garantizando una amplia formación común para el acceso a la judicatura y la suficiente formación especializada en la jurisdicción de destino tanto en órganos unipersonales como colegiados.
Un Pacto de Estado que promueva la simplificación de la actual compleja estructura de los cuerpos de funcionarios, diseñando una verdadera carrera administrativa que estimule la promoción profesional, incorporando el establecimiento de incentivos basados en la calidad y en el rendimiento en el trabajo, siempre y, en todo caso, desde el diálogo con los colectivos afectados.
Un Pacto de Estado que impulse de forma decidida y eficaz mecanismos alternativos de solución de conflictos (mediación intrajudicial, conformidades, arbitraje) fomentando la cultura del acuerdo.
Un Pacto de Estado que efectúe una previsión de inversiones para abordar todas las reformas estructurales que la Administración de Justicia necesita en ámbitos tecnológicos, organizativos y de recursos humanos.
Un Pacto de Estado que consiga la implantación efectiva e inmediata en todo el territorio del expediente judicial electrónico, con el que puedan interactuar todos los intervinientes en el proceso y posibilite trámites on-line para la ciudadanía en condiciones de seguridad, confidencialidad, eficacia y pleno respeto a sus derechos fundamentales.
Un Pacto de Estado que reconsidere el conjunto del sistema legal de recursos, armonizando, en lo posible, los trámites y requisitos en todos los órdenes jurisdiccionales y generalizando la segunda instancia como garantía efectiva de los derechos y libertades de la ciudadanía.
Un Pacto de Estado que culmine la promulgación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que recoja un moderno sistema de instrucción y un enjuiciamiento adaptado a las exigencias jurídicas constitucionales e internacionales, homologable a los países de nuestro entorno.
Un Pacto de Estado que permita la revisión de los procedimientos, con tendencia a la uniformidad, la simplificación, la flexibilidad y el antiformalismo, y la reconsideración del criterio de imposición o condena en costas a fin de que el principio del vencimiento no suponga una limitación en el acceso real a la tutela judicial efectiva, tendiendo a su imposición a la parte que litiga con mala fe o temeridad.
Un Pacto de Estado que haga eficaz a la Justicia, a través de una mejora sustancial de la ejecución de las resoluciones judiciales en todos los órdenes jurisdiccionales, dotando a la Administración de Justicia de todos los medios de los que otras Administraciones disponen para ejecutar las mismas.
Un Pacto de Estado que suponga la revisión del actual sistema de acceso a la Abogacía y a la Procura a fin de garantizar la acreditación de las habilidades prácticas precisas para el ejercicio profesional, así como la actualización de la formación profesional permanente y especializada.
Un Pacto de Estado que posibilite la conciliación de la vida personal y familiar de todos cuantos intervenimos en la Administración de Justicia, sin merma de los derechos de los justiciables.
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Decíamos al principio, que la Justicia en una cuestión de Estado.
Nuestra Constitución prevé el ejercicio de la defensa por abogadas/os para obtener una tutela judicial efectiva sin indefensión.
Nuestro Estatuto General constituye a la Abogacía en garante de los derechos y libertades de las personas y nos atribuye a los abogados y a las abogadas el deber de velar siempre por los intereses de aquellos cuyos derechos y libertades defendemos con respeto a los principios del Estado social y democrático de Derecho constitucionalmente establecido.
Por ello, ni podemos ni queremos mirar para otro lado y, desde nuestra responsabilidad como Abogacía, pedimos a cuantos intervienen en la Administración de Justicia, Ministerio de Justicia, Consejerías de las Comunidades Autónomas, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, grupos políticos, jueces, fiscales, letrados y personal al servicio de la Administración de Justicia, procuradores y otros profesionales de la Justicia, un esfuerzo de responsabilidad y de generosidad, para alcanzar, entre todos, con participación también de los sindicatos, consumidores y otros colectivos ciudadanos, una gran Pacto de Estado que nos permita disponer de una Administración de Justicia que preste el servicio de calidad al que la ciudadanía y la sociedad en su conjunto tienen derecho.
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