De izda. a dcha.: Ignacio González, subdirector de Tecnologías de Ciberseguridad de INCIBE; Alfredo Irujo, patrono de la Fundación Abogacía; Milagros Fuentes, patrona de la Fundación; Juergen Foecking, subdirector del Parlamento Europeo en España; Lucas González, director e.f. de la Comisión Europea en España; Carles McCragh, patrono de la Fundación y Belén Arribas, vicepresidenta de ENATIC.
“Estar digitalmente excluido significa estar socialmente excluido; la falta de acceso a las herramientas digitales o el desconocimiento de su uso es un factor de discriminación social, una nueva brecha”, aseguró en la inauguración Milagros Fuentes, patrona de la Fundación Abogacía.
Esa discriminación digital la sufren especialmente los colectivos más vulnerables, como menores, mayores, personas con discapacidad o víctimas de trata. Sobre eso se habló en una mesa redonda, moderada por Alfredo Irujo, patrono de la Fundación Abogacía, con Virginia Carcedo, secretaria general de la Fundación ONCE; María Gangutia, coordinadora SEAM – HelpAge España; y Paula Guerra, coordinadora de Algorace.
Carcedo lamentó que “las normas que regulan la IA no mencionan la discapacidad”, y se refirió a “la necesidad de entrenar a los algoritmos para que sean más inclusivos y se eviten los sesgos”. Sesgos que también afectan a las personas mayores, como denunció Gangutia, quien explicó cómo la tecnología discrimina a este colectivo. “No existe la neutralidad tecnológica, las tecnologías reproducen estereotipos y discriminaciones”. Y por eso reclamó que mejore la representación de las personas mayores en bases de datos para evitar la invisibilización de este colectivo.
Guerra denunció, por su parte, cómo la IA reproduce el racismo estructural. Y puso como ejemplo las dificultades que tienen los algoritmos para identificar rostros de personas no blancas. También alertó sobre los riesgos de los algoritmos usados por la Policía para comprobar si una denuncia es falsa o valorar la probabilidad de reincidencia. “Este termina penalizando a las personas negras y premiando a las blancas, a las que asigna sistemáticamente una mayor probabilidad de reincidencia”.
Por ello coincidieron todas en pedir una mayor transparencia de los algoritmos, para que no sean tan opacos y poder evitar los sesgos.
Esta décima edición del Congreso, organizado por la Fundación Abogacía, se celebra pocos días después del 75 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos.
El director en funciones de la Comisión Europea en España, Lucas González Ojeda, explicó el compromiso de la Unión Europea con los derechos digitales, dentro y fuera de sus fronteras. “Los derechos digitales complementan a los derechos fundamentales existentes”, aseguró. Y se refirió a la reciente firma de la Ley sobre Inteligencia Artificial por parte de la UE como un “compromiso histórico”.
Sobre la importancia de esa nueva normativa habló también Juergen Foecking, subdirector del Parlamento Europeo en España: “Los europeos somos los primeros en poner un poco de orden en este laberinto digital, en establecer un marco ético para la utilización de la IA, y eso es bastante impresionante”. Y expresó su confianza de que esta ley sea el punto de partida para una regulación a nivel mundial: “Nadie sabe exactamente cómo hacerlo, porque la IA general van a provocar muchísimos problemas, en términos sociales e incluso militares. Las amenazas y riesgos los estamos todavía subestimando”.
Belén Arribas Sánchez, vicepresidenta de ENATIC, afirmó que no se trata de “poner puertas al campo, sino railes porque si no esto es un tren desbocado que se va por todos lados. Hay que poner railes, teniendo en cuenta la ética, que no es universal, y la gobernanza”.
La ciberseguridad, y el avance de la ciberdelincuencia, es una de las grandes preocupaciones en el entorno digital. Ignacio González, subdirector de Tecnologías de Ciberseguridad del INCIBE destacó que “la parte legal de la ciberseguridad es casi más importante que la parte técnica, es donde está hirviendo el asunto y dónde nos jugamos nuestro futuro como personas y nuestros derechos”. Y por eso señaló que el papel de los abogados es “recabar pruebas, evidencias de que su cliente no ha cometido negligencias antes del ataque, de que ha implementado todas las medidas de ciberseguridad que son razonables”.
“La seguridad absoluta no existe, pero sí existe la posibilidad de limitar el daño que te van a hacer si tienes un problema de ciberseguridad. Si haces las cosas adecuadamente en el ciberespacio, la enfermedad será leve”, añadió.
El Congreso concluyó analizando el papel de la abogacía como garante de los derechos digitales, en una mesa redonda moderada por Carles McGragh, patrono de la Fundación Abogacía con Rodolfo Tesone, alto representante del Consorcio Internacional de los Derechos y Libertades Digitales; Esther Montalvá, codirectora del Máster en Derecho Digital y Tecnología CS Garrigues e Idoia Salazar García, presidenta de ODISEIA .
Montalvá señaló que "vivimos en la sociedad de la velocidad, pero también de la mentira y tenemos el reto de conservar el derecho al honor de las personas físicas y jurídicas”. En opinión de Salazar, "la IA va a incidir en todas las áreas del conocimiento y para conocerla hay que averiguar en qué manera nos puede ser útil”. Tesone, por su parte, aseguró que "vamos hacia la abogacía de la era digital, tenemos que adaptarnos, van a sobrevivir quienes tengan el poder de la adaptabilidad que sean resilientes”.
Y es que como destacó en la clausura Alfredo Irujo, es necesario "evaluar y adecuar la normativa existente, garantizando el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, reflexionar sobre ese ámbito que surge en los despachos actuales, el compliance o procedimientos y buenas prácticas para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión y control en los entornos digitales en los que se trabaja actualmente”
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