• La Abogacía llevará la exigencia del abono de todos y cada uno de los servicios prestados hasta sus últimas consecuencias
• El presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita traslada a la Asociación ALTODO la batería de actuaciones gestionadas por el Consejo de la Abogacía en los últimos años

El Consejo General de la Abogacía Española está preparando la reclamación legal del pago de todos y cada uno de los servicios prestados por los abogados del Turno de Oficio, parte de los cuales han sido rechazados desde el pasado mes de octubre por el Ministerio de Justicia. Los servicios jurídicos del Consejo ejecutarán de esta forma la decisión adoptada por el Pleno de la institución, al margen de la vía de diálogo que se ha abierto con el Ministerio y que está previsto que arranque la próxima semana.

Así se lo ha manifestado el presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Antonio Morán, al presidente de la Asociación ALTODO, Juan Manuel Mayllo, con quien ha mantenido hoy un encuentro en la sede del Consejo. Morán ha explicado que han sido continuos los contactos de distintos órganos de la Abogacía Española con el Ministerio de Justicia y con los grupos parlamentarios en los últimos años.

Fruto de esos contactos fue posible una actualización del baremo del pago del Turno que el Consejo cifró en su día en un 25%, y también el acuerdo para que se realizase una liquidación mensual del pago, en lugar del abono trimestral que venía siendo el habitual. Fruto del trabajo de presión de la Abogacía fue posible eludir el pago del IVA y fruto del diálogo con el Gobierno y con diferentes grupos parlamentarios se llevaron a cabo importantes mejoras en proyectos de ley que, como consecuencia de la inestabilidad política, no han sido aprobadas todavía.

Morán ha dejado claro de esta forma que ha sido el Consejo General de la Abogacía Española quien durante años ha liderado la reclamación del turno de oficio frente a la Administración. Y que ha sido el actual equipo del Ministerio quien ha decidido unilateralmente dejar de pagar los servicios no reconocidos como Justicia Gratuita. Ese fue el motivo por el que el Pleno del Consejo decidió pedir en su sesión del pasado mes de diciembre la dimisión de la que entonces ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado.