El Colegio de Abogados de Málaga y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) colaboran en la organización de un total de cinco diplomas de especialización, programas con los que se persigue una formación académica, científica y profesional altamente cualificada para alumnado con una titulación universitaria previa o equivalente.
En concreto, la oferta de las enseñanzas propias de posgrado que comienzan en el próximo mes de enero, en modalidad virtual, son las siguientes: XII Diploma de Especialización en Derecho Societario, Diploma de especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública, VII Diploma de Especialización en Derecho Español Impartido en Inglés: Estudio de Conjunto, III Diploma de Especialización en Relaciones Laborales y Jurisdicción Social y II Diploma de Especialización en Derecho de las Nuevas Tecnologías.
La importancia del diploma de especialización en Derecho Societario se fundamenta en la relevancia que en la sociedad tiene el fenómeno de la unión de personas dedicadas al ejercicio de actividades mercantiles. En la actualidad, las sociedades mercantiles adquieren un protagonismo extraordinario, pues son consideradas como el instrumento más apropiado para el ejercicio de cualquier actividad económica. Además, esta es una de las áreas del ejercicio de la abogacía con más proyección y en la que, quizá por su dificultad, existen menos profesionales, por lo que se justifica sobradamente la oferta de un curso de posgrado impartido por profesionales dedicados a la materia –abogados, jueces y profesores de la Universidad-.
Por otra parte, la existencia de una Administración Pública y de un Derecho especial y propio, y el intervencionismo público en los diferentes ámbitos de la realidad social, exige la formación de juristas especializados en Derecho Público, cuestión para la que se presenta el diploma de especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública. La necesidad de formar expertos en el ámbito del Derecho Administrativo viene dada por la complejidad de la materia, a lo que se une la ingente normativa que regula los diferentes sectores en los que las distintas Administraciones Públicas pueden operar.
Respecto al VII diploma de especialización en Derecho español impartido en inglés, su necesidad viene avalada por la relevancia cada vez mayor que tiene profesionalmente dicho idioma en los distintos ámbitos del ejercicio del Derecho, tanto a nivel de comercio internacional, como en el trato con residentes extranjeros, especialmente por el hecho de haberse convertido el inglés en la nueva lengua franca.
Ello obliga a que el profesional, para ser eficiente y competitivo, en especial en determinadas zonas turísticas, haya de tener un conocimiento suficiente del lenguaje técnico (inglés jurídico) como para poder interpretar los documentos escritos en dicha lengua y para poder comunicarse con sus clientes no nacionales así como sus compañeros ejercientes en otros territorios de la Unión Europea.
El diploma de especialización en Relaciones Laborales y Jurisdicción Social pretende dar una respuesta global a la necesidad de formación práctica y específica para el desarrollo, la gestión y el enfoque procesal de las materias relacionadas con la práctica laboral y de Seguridad Social. En un contexto de implantación de nuevas formas de trabajo, cambios sociales y demográficos, normativos, políticos y económicos, es preciso plantear un título del que se carece en las enseñanzas oficiales de las universidades y, que, sin embargo, resulta esencial en un mundo que cada vez exige mayor especialización.
Por último, el diploma de especialización en Derecho de las Nuevas Tecnologías tiene como objetivo la adquisición por parte del alumno de una formación específica y avanzada, de carácter experto, orientada a la especialización profesional en la materia. La sociedad se encuentra cada vez más imbuida en la tecnología, la cual ha cambiado las formas de relación social y, por supuesto, empresarial. El uso de la tecnología para la prestación de servicios y para la compra y venta de productos, la obtención y explotación de datos en dicho contexto (Big Data) y la aparición de nuevas formas de tecnología ha provocado una mayor complejidad en las relaciones jurídicas entre los operadores mercantiles y entre estos y los propios consumidores.
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