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El pasado viernes 3 de noviembre se aprobó por el Consejo de Ministros (departamento de Economía, Industria y Competitividad) el proyecto de Ley que tiene como objetivo trasponer (de manera parcial, y tarde) la famosa Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial, cuyo objetivo es arrojar luz y transparencia a la mala praxis bancaria española.



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