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La resolución del Banco Popular (BP) por la Junta Única de Resolución (JUR) del pasado 6 de junio puso de manifiesto una realidad jurídica que, hasta ese momento, era desconocida por la mayoría de los participantes en los mercados financieros.

El reglamento (UE) 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo concede a la JUR unas potestades administrativas exorbitantes cuyo alcance ha quedado patente y sus graves consecuencias padecidas por los miles de inversores de BP.



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