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El pasado 2 de octubre de 2016 entró en vigor la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público que, entre sus modificaciones más relevantes, limitaba el ámbito de la indemnización a los administrados por la vía de responsabilidad patrimonial a los cinco años anteriores a la publicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que declare una norma contraria al Derecho de la Unión Europea (UE).



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