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Poco  a poco, el clamor por mayores políticas sociales de gasto se extiende como el aceite sin extenderse de forma correlativa la necesidad de replantear las políticas de ingreso que las financian. Esta es la dinámica de nuestro enfermizo Estado Social, que visualiza muy bien las ayudas que los ciudadanos reciben, pero “oculta” también muy bien la visibilidad de su financiación. En mi opinión, y no es la primera vez que lo digo, la buena salud de cualquier Estado Social exige visualizar los impuestos; estos, recordémoslo, no solo sufragan el coste de los servicios públicos “indivisibles”, por ejemplo, la seguridad nacional, sino también, y cada vez más, el de una larga lista de políticas sociales que financian servicios públicos “divisibles”, por ejemplo, la salud o la educación. Desde esta perspectiva, pagar, por ejemplo, por los medicamentos, por las guarderías públicas, o por el transporte público, nos permite “percibir” mejor el coste de tales servicios y ser a su vez más exigentes con su eficiencia. Pero eso, hay que reconocerlo, es impopular. Y por ello se insiste en que todo se ha de financiar con impuestos. Y ahí está la trampa. Preferimos no ver, a ver. Pero lo triste es que, si los impuestos se visualizaran, nos daríamos cuenta de que la presión fiscal es asfixiante y muy poco redistributiva y empezaríamos a entender el porqué de esa consciente “inconsciencia fiscal”: la necesaria invisibilidad de los impuestos. Y empezaríamos, claro está, a cuestionar la gestión de ese Estado Social. Sea como fuere, lo cierto es que el compromiso que se nos exige como contribuyentes ha de tener como corolario la transparente visualización de los mismos, esto es, cuánto pagamos cada uno, como y entre quien se distribuye su coste, y cuál es la eficacia y equidad de las diferentes políticas de gasto; cuestión, esta última, a la que hoy me voy referir brevemente ciñéndome, tan solo, al IRPF.

Según los datos que figuran en la Memoria de Beneficios Fiscales de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, el importe de los incentivos fiscales en este último impuesto asciende a 7.790 millones de euros. Nos referimos a lo que se deja de ingresar por reducciones, deducciones y exenciones. Esto quiere decir que la presión fiscal que soportan los contribuyentes que no tienen derecho a ellas es superior a la que correspondería a un sistema fiscal sin exenciones. Las exenciones, se dice, contribuyen a la equidad. Pero hay que reconocer, también, que rompen la neutralidad alterando la propia equidad. En definitiva, alguien “paga” el coste de las exenciones, esto es, lo que otros no pagan; y este alguien es quien no está exento. Sin embargo, si tenemos claro que todos hemos de contribuir de acuerdo con nuestro nivel de renta, hay que preguntarse, por ejemplo, por qué un contribuyente que percibe una prestación de invalidez ha de estar exento de IRPF y otro que percibe un sueldo del mismo importe, no. En mi opinión, los dos han de tributar igual. Cosa distinta es que el mínimo personal, es decir, el umbral a partir del cual la renta ha de tributar, sea distinto para un contribuyente con discapacidad que para otro sin discapacidad ya que, es obvio, las necesidades vitales “mínimas” son en uno y en otro caso distintas. Lo mismo ocurre con las indemnizaciones por despido. ¿Por qué han de estar exentas? ¿No son una renta fruto de los años de antigüedad y trabajo en la empresa? Pues han de tributar. Cosa distinta es cómo y cuánto ya que, en este caso, se trata de una renta plurianual, esto es, de una renta que se ha generado a lo largo de la vida laboral y no solo en un año. Pero es, no lo olvidemos, renta. Y así podríamos cuestionar todas y cada una de las exenciones. Y todo, no lo olvidemos, porque las exenciones obligan a una mayor presión fiscal para alcanzar los objetivos de ingreso o, si se prefiere, para sufragar el Estado del Bienestar. En definitiva, “equidad” frente a “populismo electoral”. La equidad, eso sí, puede ser impopular. Frente a ello, valentía, educación y pedagogía.

Si nos centramos ahora en las reducciones y deducciones, existe, por ejemplo, una reducción por el alquiler de determinadas viviendas habituales. Su  objetivo es loable: reducir el stock de viviendas desocupadas facilitando el acceso a la vivienda a determinadas capas sociales. Perfecto; pero, ¿se está controlando si esto sucede? Es decir, ¿se ha reducido el stock de tales viviendas en la forma prevista? Pues no lo sé. Nada se dice en los Presupuestos de cada año ni ningún partido de la oposición ha interpelado al respecto al Gobierno. Y claro, lo que unos se ahorran, otros lo pagan. Es pues imprescindible constatar si esa reducción tiene el retorno social esperado, esto es, si es eficaz, y cuál es su retorno económico, es decir, lo que se recauda de más por el alquiler de las viviendas hasta entonces desocupadas. Y si la medida no es eficaz, hay que eliminarla o replantarla; y si no es económicamente asumible, hay que priorizar. Y así, con todas y cada una de las reducciones y deducciones, maternidad incluida.

En definitiva, hay que depurar urgentemente los beneficios fiscales y replantear las cuantías del mínimo “vital” con el objetivo de mejorar la equidad, avanzar en lo que de verdad son políticas redistributivas, y tener mayor margen para financiar futuras políticas de gasto. Y todo, no lo olvidemos, en el marco de una verdadera e innovadora reforma de un modelo fiscal agotado y obsoleto en el contexto de una política de verdadera transparencia fiscal.




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