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Hasta la fecha, el TS se ha mostrado implacable en cuanto a que el incumplimiento de las obligaciones formales vinculadas a la circulación de productos sometidos a Impuestos Especiales o gravadas con tipos bonificados producía, ipso facto, la pérdida del beneficio fiscal.

Sin embargo, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2 de junio de 2016, ha dejado al TS español solo en su planteamiento. Según la citada STJUE, tanto la Directiva 2003/96/CE del Consejo (Reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad) como el principio de proporcionalidad  “se oponen a una normativa nacional en virtud de la cual, en caso de no presentación de un resumen dentro del plazo establecido, se aplica al combustible vendido el tipo del impuesto especial previsto para los carburantes, incluso aunque se haya comprobado que no existe ninguna duda de que ese producto se ha destinado a calefacción”, que es precisamente lo que se pretendía hacer en el caso de autos



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