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La Administración General del Estado recurre la denegación del carácter indebido de dilaciones imputadas en procedimiento con clara demostración de mala fe en el comportamiento administrativo

La sentencia del Tribunal Supremo, de 31 de octubre de 2017, es un lamentable ejemplo de un desviado proceder administrativo que se intenta llevar hasta sus últimas consecuencias y que termina con un resultado no previsto: la condena en costas a la Administración por su abuso de posición y por la mala fe demostrada a lo largo de todo el procedimiento litigioso.

El Supremo, partiendo de los datos inmutables –la prueba no puede ser revisada en casación, salvo arbitrariedad- suministrados por la Sala juzgadora, entiende que las dos dilaciones litigiosas son claramente indebidas, cuya imputación es fruto de una concepción puramente mecanicista sobre su aparición, conforme a la cual, bastaría la simple constatación de que lo pedido no ha sido total e íntegramente cumplimentado, para paralizar de forma automática el cómputo del plazo al margen de toda otra posible incidencia o circunstancia.

En efecto, le causa “honda sorpresa” que las acertadas afirmaciones de la Audiencia Nacional pretendan ser revisadas en vía casacional:



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