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Todas las organizaciones, sean o no de carácter empresarial, pueden ser sancionadas penalmente si alguno de sus miembros, actuando en su nombre y en su beneficio directo o indirecto, comete ciertas conductas delictivas, siempre que la entidad en cuestión no cuente con un Sistema de Compliance adecuado.

En este contexto, uno de los posibles delitos por los que se puede imputar a una persona jurídica es el de daños informáticos, regulado en los artículos 264 y siguientes del Código Penal. A efectos de los Sistemas de Compliance, una organización sólo puede responder por ciertas conductas, aunque no todas. Éstas son las siguientes:



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