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Tal como hemos comentado en Circulares anteriores, el artículo 31 ter del Código Penal determina la independencia entre la responsabilidad penal de una persona física y la de una persona jurídica. Citando este artículo, “La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los cargos o funciones aludidas en el artículo anterior, aun cuando la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella. (…)”.



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