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La responsabilidad de las personas jurídicas por los delitos cometidos en su contexto organizativo y en su beneficio es una realidad en un número de países creciente. De hecho, la mayor parte de Estados europeos cuentan con regulaciones internas en esta materia que adaptan las diversas Directivas comunitarias existentes.

No obstante, el derecho interno de cada Estado hace que haya algunas variaciones de un ordenamiento jurídico a otro. Por ejemplo, en determinados países (por ejemplo, en Portugal) no se prevé una circunstancia eximente de responsabilidad penal para las personas jurídicas, mientras que en otros (como es el caso de España) sí se prevé; esta exención la constituyen los Sistemas de Compliance. De hecho, en ocasiones el legislador interno va más allá y no sólo prevé esto, sino que llega a obligar a las empresas a contar con un conjunto de medidas que contribuyan a prevenir la comisión de determinados delitos.



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