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En 2000, en España, la mediación sólo estaba prevista en la Ley Orgánica de enero de 2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, permitiendo sobreseer el expediente por conciliación entre el menor y la víctima.

En 2001, la Unión Europea establece unas normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y plantea la necesidad de incorporar la mediación penal para adultos a las legislaciones nacionales. Todo ello mediante la Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal y la posterior Directiva del Parlamento Europea y del Consejo de 2012.



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