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La magistrada considera que existen indicios de que el hombre podría haber agredido a su víctima por motivos ideológicos, quien llevaba unos tirantes con los colores de la bandera española, tal y como se desprende de las manifestaciones realizadas por testigos presenciales a la policía.

La magistrada del juzgado de Instrucción nº 6 de Zaragoza, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión de RODRIGO ANDRES L. H. como posible autor de una agresión que acabó provocando la muerte a VICTORINO.

La magistrada en su auto dictado esta mañana decreta la prisión provisional comunicada y sin fianza para él por la posible comisión de un delito de asesinato y que quede a disposición judicial del Juzgado de Instrucción nº 3 de Zaragoza, órgano encargado del caso (Diligencias Previas 2558/2017).

Los hechos ocurrieron sobre las 3 horas del día 8 de diciembre de 2017, en el Bar “El Tocadiscos”, en la calle Antonio Agustín de Zaragoza. Rodrigo golpeó a Victorino por la espalda con un objeto contundente, sin que él se pudiera defender, provocándole una fractura ósea cerebral, lesión que los peritos médicos han considerado lo suficientemente importante, como para causarle la muerte.

Según consta en el auto, al parecer, tras caer la víctima al suelo, Rodrigo le propinó fuertes golpes en la cabeza que le provocaron la rotura de los huesos de la nariz y zonas adyacentes. Lesiones que el Médico Forense considera de gran intensidad traumática.

Expresa la magistrada en su auto que no existen dudas de la identidad del autor por lo que se desprende de las declaraciones prestadas en dependencias policiales por sus propios acompañantes, por el propietario del Bar “El Tocadiscos” y por cinco clientes de este establecimiento que se encontraban presentes en el momento de la referida agresión que han reconocido fotográficamente a RODRIGO ANDRES L. H. como la persona que agredió a VICTORINO L. M. y le causó la muerte.

Por la gravedad del delito imputado y de la pena que lleva aparejada, es por lo que la magistrada considera que se justifica sobradamente la decisión de privar de libertad al investigado, argumentando que con ello se trata de evitar “una posible reiteración delictiva, no siendo descartable que el investigado pudiera protagonizar nuevamente conductas violentas frente a personas que le desagradan, bien por su ideología, bien por los signos externos que la representan”.




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