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Tras la e ntrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, el régimen de responsabilidad penal cambió y, como es sabido, se desarrolló ampliamente. Sin embargo, el reciente Auto de la Audiencia Nacional de 06 de septiembre de 2017, que imputaba un delito de blanqueo de capitales a una determinada entidad financiera, indica que hay ciertos supuestos bajo los cuales una persona jurídica no es imputable. En otras palabras, ya no se trata de decidir si se condena a una persona jurídica o si no se la condena (por ejemplo, porque cuenta con un Sistema de Compliance adaptado al Código Penal español y a la norma UNE 19601), sino de si esa entidad en concreto puede o no ser considerada como responsable penal.



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