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omencemos con una ilustradora y verídica historia. Imaginemos un aviso sobre la existencia de dos animales desnutridos y/o maltratados al borde de la muerte. Dos caballos, situados en una parcela debidamente identificada. Se procede a la interposición de la oportuna denuncia por maltrato animal contra el dueño, con todo el énfasis y la buena voluntad por parte del denunciante, reportaje fotográfico incluido. La denuncia es admitida a trámite. Pero llegados a este punto, nos viene automáticamente una pregunta a la cabeza: ¿qué pasa con los caballos mientras va avanzando el procedimiento judicial, que continúan sin agua y comida en la parcela de su dueño? Precisamente ahí radica la utilidad de las medidas cautelares[1], reguladas en los artículos 727.3 LEC, 13 LECrim, y arts 127 a 129 CP. Dichas medidas, a pesar de ser las que nos permitirían tratar de salvaguardar la integridad del aquí bien jurídico protegido, son las grandes olvidadas en este tipo de procedimientos.

Las de más utilidad son, probablemente el decomiso de los animales[2], es decir la incautación provisional de los mismos para evitar que sigan en las malas condiciones en las que se hallen e impedir que probablemente mueran. Otra de ellas sería la medida cautelar de prohibición de tenencia de animales durante toda la duración del procedimiento, lo que igualmente tendría gran utilidad en el caso de hallarnos frente a un presunto maltratador, de cara a evitar el sufrimiento de futuros animales.



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